Según acusó Impuestos Internos, la maniobra les habría permitido aumentar artificialmente el monto de los gastos a descontar del pago al Fisco.
En una nueva derivada del caso "fraude al FUT", el Servicio de Impuestos Internos presentó esta mañana una denuncia ante la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente para que ésta investigue a los fundadores y actuales dueños del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por la presentación de una serie de boletas de honorarios que habrían hecho por años sus respectivas esposas ante sociedades de esa compañía. Esto habría permitido aumentar artificialmente el monto de los gastos a descontar del pago de tributos.
Según informó el SII a través de un comunicado, la denuncia criminal va dirigida en contra de Délano y Lavín, "para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario por la utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes".
Además de Délano y Lavín, la denuncia presentada hoy se dirige también en contra de el ex director Hugo Bravo López; del contador del grupo, Marcos Castro Sanguinetti; y de Samuel Irarrázabal Larraín.
Todos ellos, en sus calidades de representantes legales de Inversiones Penta III Ltda. (Bravo y Castro, en distintas épocas) e Inmobiliaria Los Estancieros S.A. (Irarrázabal). Según se señala en el comunicado, en esas empresas "se evidenciaron lícitos similares a los ya descritos".
La denuncia incluye también a las cónyuges de Délano y Lavín, y a Samuel Irarrázaval Larraín, yerno de Carlos Alberto Délano, por "facilitar el delito a través de la entrega de boletas de honorarios falsas que fueron ingresadas a la contabilidad de las empresas, por trabajos que nunca realizaron".
El perjuicio fiscal estimado por el SII producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en más de $400 millones e incluye el período que va entre los años 2009 y 2014.
Se señala que el delito a perseguir es el que contempla el artículo 97, número 4, inciso primero del Código tributario, que se refiere a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.
La norma establece una pena que, por la reiteración en la que se habría incurrido en los distintos años tributarios, podría llegar a ser una efectiva. Además, se establecen multas que van del 50% al 300% de lo defraudado.
El descubrimiento de estos pagos fue realizado hace poco más de un mes por el fiscal jefe Carlos Gajardo, quien interrogó a varios mandos medios de Penta por ésta y otras situaciones tributarias de la compañía que comenzó a investigar como una derivada del "caso FUT" luego que uno de los imputados en esa causa, el martillero público Jorge Valdivia, declarara antes de morir de cáncer que en esa empresa se cometían una serie de irregularidades tributarias (ver segundo título).
Hace un mes, la Fiscalía Oriente había dado con rectificaciones vía internet y sin respaldo realizadas en sociedades personales -Challico y Santa Sarella-, del entonces director de Penta, Hugo Bravo, con el mismo mecanismo que se investiga en la causa principal, por un monto total de $260 millones.
Bravo había renunciado a la compañía poco antes que el SII presentara una denuncia por estos hechos, luego que los accionistas se enteraran de los pagos que él realizaba mensualmente al martillero Valdivia.
El fiscal tuvo en sus manos una serie de boletas cursadas en favor de las esposas de Délano y Lavín, emitidas a nombre de sociedades de la empresa por montos de $5 millones mensuales cada una.
Diversas fuentes señalan que fue a partir del año 2009 que estos pagos fueron canalizados a través de Penta III, la única sociedad del grupo que quedó completamente a cargo del ex director Hugo Bravo, luego que en esa fecha dejara la gerencia general. A través de Penta III, además, Bravo le pagó al martillero Jorge Valdivia.
Durante este último mes la fiscalía ha interrogado a varios mandos medios y otros antiguos mandos altos de la empresa, quienes han declarado que las cónyuges aludidas no realizaban labores para la compañía.
Entre varios datos que la fiscalía maneja, el martillero Jorge Valdivia Rodríguez dijo al OS-9 de Carabineros poco antes de morir que Penta había recibido dinero por rectificaciones irregulares.
"Tomé conocimiento además que un funcionario de apellido (nombra a un fiscalizador que no ha sido formalizado en el caso), que trabaja en el SII, efectuó una rectificación a la empresa Penta, de una sociedad de propiedad del dueño Carlos Alberto Délano, alias el Choclo, recibiendo una cantidad aproximada de 100 millones de pesos, la cual quedó en manos de la misma sociedad que realizó la rectificación".
Contó que él había presentado el 2010 al ex fiscalizador Iván Álvarez (el que se autodenunció en diciembre de 2012 y que está hoy en prisión preventiva) ante el gerente general de Inmobiliaria Penta, Horacio Peña, para que vieran "cómo resolver el problema" en un departamento que el entonces funcionario público tenía en Ñuñoa.
Incorporó el dato del departamento que en meses posteriores Álvarez había adquirido a esa misma inmobiliaria en Reñaca y dijo que la relación de éste con Peña había sido "muy cercana y conveniente para ambos... de hecho, a Iván Álvarez lo vi varias veces en el edificio de Penta".
Remató: "En el año 2011, Iván Álvarez fue designado como funcionario del SII para auditar a la Inmobiliaria Penta, emitiendo un informe, indicando que dicha empresa no presentaba ningún problema tributario. Cuatro meses después, le correspondió auditar a la Inmobiliaria Penta a (nombra a otro fiscalizador) y en esa oportunidad me indicó que la auditoría efectuada por Iván Álvarez había sido un fracaso, por cuanto al comenzar a realizar una nueva fiscalización encontró un sinnúmero de irregularidades... poniendo en conocimiento de su jefa (da el nombre) la irregularidad, quien declinó hacer algún tipo de investigación al respecto".
Valdivia dijo también que habló con un funcionario del SII y "lo más concreto que él me ha dicho es que sabe que hay fraude y que sospecha que existen otros ilícitos, porque vio cuando a (menciona una jefatura) le entregaron un sobre que contenía unos 60 millones en efectivo".
Según el martillero, Álvarez y otros fiscalizadores del SII "se pedían favores recíprocos para eliminar observaciones tributarias que afectaban a contribuyentes que ellos fiscalizaban".