Vicepresidentes de Icare anticipan el debate que viene en cónclave empresarial de la próxima semana.
Bernardo Larraín Matte y Nicole Nehme.
Foto ALEJANDRO BALART
La importancia de conversar y de escuchar en tiempos complejos. Algo que puede sonar básico, pero de pronto no lo es tanto. Esa es la idea con que dos figuras del mundo empresarial (y con veta política), Bernardo Larraín Matte -presidente de Colbún, ex colaborador de la campaña de Allamand- y Nicole Nehme -abogada, miembro de Espacio Público-, promueven el próximo encuentro de Icare que tiene al centro del debate la cooperación público-privada. ¿Hasta dónde funciona? ¿Quiere el Gobierno la incorporación del sector privado en el ámbito público? ¿Cuál es la forma adecuada de hacerlo? Preguntas todas que esperan, al menos, plantearse en este encuentro.
-Esta colaboración se ve compleja en épocas de grandes reformas. ¿Hay confianza?
-N.N.: Esta colaboración es oportuna en una sociedad compleja y con múltiples demandas y actores, algo que no es más que la otra cara del desarrollo, por ello esa colaboración público-privada requiere de un pilar de confianza.
-B.L.: Hoy se debate mucho y hay consenso respecto de los bajos niveles de confianza que hay hacia y entre las instituciones, y se da una encrucijada en el sentido de que cuando más se necesita de la confianza, es cuando más ausente está.
-¿Existe clima para esa colaboración público-privada? En el fondo se necesitan dos para el tango.
-B.L.: Hay cosas bastante evidentes donde no hay debate. En el ámbito de infraestructura esa colaboración está ampliamente consolidada y, probablemente, se va a seguir extendiendo. Luego viene un segundo nivel, en cuanto a la infraestructura para proveer servicios públicos como la salud. Finalmente, viene el ámbito de la educación donde esa colaboración público-privada, probablemente, tiene mayores grados de complejidad.
En el fondo, uno puede pensar en varios tipos de colaboración público-privada. Se puede tener la participación privada de tipo filantrópica. Puede ser del tipo emprendimiento, que conlleva lucro o la legítima retribución por la inversión o innovación. O puede ser mediante una modalidad más estática , bajo una especie de contrato de concesión que el Estado delega en un privado.
Esas tres formas de participación privada son plenamente válidas. Mientras más complejo es el bien público, como ocurre con la educación -donde hay asimetrías de información- es interesante debatir por qué se presenta como una dicotomía excluyente la educación de calidad con el emprendimiento privado con legítima retribución o lucro, yo me resisto a verlo así.
Es más creativo visualizar qué regulación se requiere para que ese bien complejo pueda ser provisto por el mundo privado ya sea filantrópico o que busque una legítima retribución.
-El problema es cuando esa retribución deja de ser legítima...
-B.L.: El tipo de actor privado que emprende en el mundo de los bienes públicos por filantropía es muy distinto de aquel que lo hace como un emprendedor y del que lo hace por un contrato de gestión de una determinada infraestructura pública. Creo que habría que sumar a los tres y habrá distintas regulaciones.
-Post protocolo de acuerdo por la reforma tributaria, ¿ha bajado la incertidumbre en el empresariado?
-B.L.: Personalmente creo que la reforma tributaria partió en forma apresurada al Parlamento, sin ser debatida previamente. Precisamente, el desafío de los debates previos está en sumar actores y dar transparencia y legitimidad social a todo este proceso.
-N.N.: Además, todo indica que el diálogo permitió mejorar técnicamente un proyecto (...). Probablemente la reforma tributaria era inevitable -se sabía que estaba en el programa de la Presidenta Bachelet- pero el diálogo permitió mejorarla técnicamente.
-¿Pero ese diálogo por las reformas debería ser con los actores sociales o con el Parlamento?
-B.L.: Debería ser una combinación de ambos, ya que es muy distinto que la ciudadanía apoye un objetivo a que apoye ciegamente los instrumentos que se plantean para alcanzar ese objetivo.
-La reforma tributaria se mejoró, pero bajo el principio de que hay un sector que va a tener que pagar US$ 8.300 millones todos los años al Fisco...
-N.N.: Esa es la lógica de la democracia... esa parte no estaba dentro de la incertidumbre.
-B.L.: Esa lógica estaba dentro de un gobierno que explicitó en forma transparente su aspiración de hacer una reforma que recaudara tres puntos del PIB y ese programa de gobierno se sometió a la ciudadanía y tuvo un buen respaldo electoral. Por supuesto que ese es un objetivo, pero el debate sobre las maneras de lograrlo es completamente necesario.
-¿El oficialismo y el Gobierno no han fomentado una visión más polarizada del país?... Con la retroexcavadora y los estudiantes en patines.
-N.N.: A veces la frase de turno parece demasiado simplificadora, pero en el trasfondo -me parece, quizás soy muy optimista- los actores políticos y sociales entienden la complejidad de las cosas (...) Creo que tenemos una institucionalidad madura y con liderazgos maduros.
La recuperación anunciada por Arenas
-El ministro Arenas ve una recuperación económica en 2015. ¿Ustedes también la ven?
-B.L.: Siempre he considerado que la suma de pronósticos que hay en el mercado es la mejor representación de las expectativas económicas, pero no es materia de opinión constatar que hay una desaceleración, que el crecimiento este año bajó a cerca de 2,5% y que el próximo año, eventualmente, puede alcanzar el 3%. No hay dudas de que hay una preocupación ampliamente compartida y eso es una realidad evidente.
-Como empresario, ¿cree que una desaceleración de este tipo es fácil de revertir?
-B.L.: Hay factores de la economía global y, por supuesto, hay factores internos. Pero, en un país que enfrenta una desaceleración de este tipo, más que debatir sobre las razones, debemos ocuparnos de las condiciones para compensar este escenario desfavorable. No basta con agendas... las agendas deben traducirse en acciones concretas.
La agenda energética de Pacheco
-¿La agenda de energía del ministro Pacheco es realista o le falta algo?
-B.L.: Todos los sectores, y me incluyo, han considerado positiva esta agenda. Pero el desafío esta en que, paralelamente, se inicien nuevos proyectos de inversión energética, no podemos congelar el desarrollo del país a la espera de que estos procesos concluyan... se deben iniciar todos los proyectos que están en la CNE (Comisión Nacional de Energía) y que tienen los permisos ambientales y cumplen con esa legislación, en ese contexto el desafío es ir a las realidades locales de cada uno de esos proyectos, y en ese plano el Estado tiene un rol de articulación.
-¿En qué sentido?
-B.L.: Es reduccionista pensar que los problemas en cada realidad local se van a zanjar con un permiso medioambiental. Se requiere, primero, una gestión de excelencia (social y medioambiental) por parte de la empresa y una articulación del Gobierno, en el fondo, que permita canalizar las complejidades locales. Muchas veces, las legítimas demandas de las comunidades vecinas a los proyectos energéticos trascienden con creces lo que una empresa puede hacer y ahí, por supuesto, hay un rol para el Estado, en cuanto a canalizar y articular esas complejidades.
-N.N.: Ese es un ejemplo de como cuando el Estado toma conciencia sobre la complejidad de un problema y genera procedimientos para abordarlo, logra que se reduzca la incertidumbre y al aumentar los grados de certeza se impulsa el desarrollo y la inversión. Hace unos años, se podía pensar que un proceso que facilitara la participación de las comunidades iba a retardar los procesos, hoy eso está instalado fácticamente y no regularlo es peor porque hace que cada solución se materialice en función de cada caso concreto y con la intervención de los tribunales.