Jorge Valdivia antes de morir testificó ante la fiscalía: Sus contactos con Iván Alvarez y otros funcionarios; los favores y los cruces que insinúa con Penta.
Esta tarde la defensa de Iván Alvarez, el ex funcionario del SII formalizado y en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el caso FUT, llevará a su cliente ante un juez de garantía para pedir su libertad provisional basándose en la "colaboración sustancial" prestada por él en la investigación.
En la oportunidad, los abogados de Alvarez darán a conocer qué fue lo que él dijo hace dos semanas y que hizo girar la mirada de los investigadores hacia las sociedades de Hugo Bravo, ex director del Grupo Penta contra quien el SII presentó la semana pasada una denuncia por devoluciones fraudulentas, y otras aún no conocidas.
Alvarez, en todo caso, no fue el primero que entregó datos en esa dirección a la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.
Se dice, de hecho, que su testimonio ratificó una serie de datos que, un mes antes, había entregado el martillero público Jorge Valdivia, a quien el órgano persecutor sindicaba como "reclutador" de clientes para que los contadores llevaran sus claves a los fiscalizadores de Impuestos Internos.
La fiscalía está profundizando en la posible relación que la dupla Alvarez-Valdivia mantenía con Bravo y Penta y en eventuales vinculaciones de personas de esa empresa con otros funcionarios del SII.
"La Segunda" pudo acceder a parte de las declaraciones brindadas por el martillero Valdivia en la causa.
Aquejado de un cáncer que terminó con su vida 24 días después, fue interrogado en su hogar por el OS-9 de Carabineros, el 4 de julio.
Era tal su cercanía con empleados del SII, señaló entonces, que "en varias oportunidades estuve en reuniones donde había funcionarios del servicio y debido a mi amistad con ellos incluso les llevé empanadas cuando estuvieron en huelga".
En su testimonio, el martillero contó que conoció a Iván Álvarez en 2008: Se lo presentó otro funcionario de Impuestos Internos de la zona Oriente, de quien dio el nombre. Agregó que ambos conocidos suyos "se solicitaban favores especialmente para eliminar observaciones tributarias que afectaran a los mismos contribuyentes que ellos fiscalizaban".
Con Iván Álvarez, dijo, "nos comenzamos a conocer y regularmente almorzábamos. En varias oportunidades me señaló que cualquier cosa que necesitara, se la solicitara directamente a él".
Dijo también que el fiscalizador le había ofrecido revisar la contabilidad de sus empresas y detectó que había devoluciones que se podían obtener, asegurando que nunca supo que era algo irregular.
Según sus dichos, Álvarez comenzó entonces a frecuentar un "centro de reuniones" que el propio Valdivia le había vendido al contador Orlando Carvajal, otro de los formalizados en el fraude al FUT.
Y contó que un día de 2010 el entonces fiscalizador le comentó de unos problemas que tenía con su departamento en Ñuñoa. "Se llovía, y como yo tenía contacto con (nombra a un alto ejecutivo de la inmobiliaria del grupo), lo puse en contacto con él para que viera cómo podía resolver el problema. Gracias a las gestiones que realicé, el departamento fue reparado en su totalidad y sin costo alguno".
En este punto, fuentes del grupo explican que la vivienda en cuestión fue adquirida en 2004, y el 20% de los departamentos del edificio sufrió daños por agua. A todo este grupo, y dentro de la garantía que existe para este tipo de daños, se les hicieron los arreglos. De este modo se desestima que hubiese un trato preferente hacia Álvarez.
Valdivia narró también que, tras ese contacto inicial, "en reiteradas ocasiones vi a Iván en el edificio corporativo del grupo", agregando que "en meses posteriores supe que Álvarez había adquirido un departamento en la ciudad de Viña del Mar, específicamente en Reñaca, siendo la vendedora Inmobiliaria Penta".
Según datos allegados a la investigación judicial, se le habría hecho un descuento especial: Como el departamento en cuestión tenía un valor inicial de 3.900 UF, con todas las rebajas quedó en 3.400 UF. El cliente -según constaría en los papeles- había sido recomendado por el entonces director de Penta, Hugo Bravo.
De acuerdo a la revisión realizada por Penta en este caso, se determinó que Álvarez adquirió la propiedad como parte de la promoción "Tres días de compra feliz", estrategia comercial con que diversas inmobiliarias enfrentaron el bajón de la crisis de 2008. De hecho, en esa promoción se vendieron 15 departamentos: Diez de ellos con descuentos sobre el 20%, algunos incluso llegando al 27%. En el cso de Álvarez, se le rebajó en 22%, según estas fuentes, enfatizando que hubo un trato igualitario al resto de los compradores.
Más aún, se enfatiza que la adquisición se realizó a través de un crédito de BancoEstado.
La declaración de Jorge Valdivia prosigue: "En 2011, Iván Álvarez fue designado como funcionario del SII para auditar a la inmobiliaria Penta". Dijo que el fiscalizador emitió un informe constatando la inexistencia de problemas tributarios, pero que cuatro meses después otro funcionario del SII (da su nombre) realizó una revisión, con resultados distintos.
Según el martillero, la situación se puso en conocimiento de una jefatura de Impuestos Internos, "quien declinó hacer algún tipo de investigación al respecto".
Valdivia dio otra pista: luego de autodenunciarse al Ministerio Público y renunciar al SII, Álvarez había sido contratado por Penta "por intermedio de una empresa consultora del grupo".
Se trata de Guiñazú & Asociados. Según se explicó en Penta, el grupo requería hacer un ordenamiento de ciertos temas contables en 2013. Y buscaron a quien el año 2011 ya había ayudado en una tarea semejante: Marcos Ossandón.
Pero este, según explicaron, se encontraba trabajando en la firma en cuestión, y propuso hacer esa tarea por esa sociedad. El trabajo -cifrado en cerca de $10 millones- se realizó. Que allí haya estado trabajando Álvarez en esa fecha, sólo sería una coincidencia, sostienen.
El caso FUT comenzó a indagarse en enero de 2013, luego que el ex fiscalizador del SII, Iván Álvarez, se autodenunciara ante el Ministerio Público por hechos que su defensa consideró "delito informático".
La causa pasó a manos del fiscal Carlos Gajardo a fines del año pasado, quien comenzó a trabajar distintas hebras, entre ellas quiénes eran las personas que habían llevado los 122 contribuyentes a los seis contadores indagados. Estos últimos, ponían las claves a disposición de funcionarios de Impuestos Internos para que ellos rectificaran por internet datos en los Formularios 22, elevando costos de bienes y servicios de años anteriores sin que ellos fueran reales. Se conformaba, así, una aparente pérdida tributaria en la determinación de la renta líquida, y el contribuyente podía solicitar devoluciones de impuestos.
Hasta junio, el monto total que se estimaba defraudado entre 2007 y 2010 alcanzaba los $2 mil 500 millones, cifra que se incrementó tras el descubrimiento de las sociedades del ex director de Penta, Hugo Bravo, por $260 millones en total, la devolución más importante lograda por alguno de los investigados en el caso.
