Bachelet quiere hacer cambios, pero no «comprar» un nuevo conflicto con los empresarios.
Hace unos días Alberto Arenas cruzó la calle Teatinos y desde el Ministerio de Hacienda caminó hacia La Moneda. Sin que se advirtiera su presencia en Palacio, subió al despacho presidencial donde lo esperaba Michelle Bachelet. El jefe de las finanzas estaba preocupado por el clima de tensión que se había instalado entre la cartera del Trabajo y la CPC por la Reforma Laboral.
Arenas repasó con la Mandataria la importancia de cumplir el compromiso que el Gobierno adquirió con la plana mayor de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para dar luz verde a la iniciativa, pero también estuvo sobre la mesa un tema que inquieta al Gobierno: la desaceleración del país y el aumento del desempleo. Según el informe del INE, la tasa de desocupación del trimestre abril-junio fue de 6,5%.
Sin embargo, trascendió que otro tema que el economista expuso en la reunión con Bachelet fue lo "inoportuno" que resultaba -a su parecer- abrir un nuevo flanco en La Moneda con críticas de los empresarios y los partidos de la Alianza a la agenda laboral, en circunstancias de que el Gobierno todavía no termina de «amarrar» los votos en el Congreso para aprobar la Reforma Tributaria, mientras el tema educacional está en el ojo del huracán.
Por ello, es que Arenas, quien al igual que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuenta con la plena confianza de Bachelet, propuso sacar el tema de la agenda pública y abrir un proceso de diálogo para que la CUT y los empresarios presenten sus observaciones y participen en el debate que se realizará durante agosto y septiembre al interior del ministerio que encabeza Javiera Blanco. ¿La razón?: Quiere ganar tiempo para sacar adelante la iniciativa impositiva y consolidar una alianza con los privados que le permita reimpulsar la agenda pro crecimiento.
Trascendió que el tema formó parte de la discusión que el comité político ampliado sostuvo en Cerro Castillo el martes pasado. Así lo confirmaron en el Gobierno y desde Hacienda se señaló que, aunque la ministra Blanco es quien lidera las conversaciones para lograr un acuerdo laboral, Arenas es quien está a cargo del diseño final de la iniciativa.
Con todo, una fuente de Palacio destacó que la Presidenta tiene la convicción de hacer cambios al sistema laboral, pero tampoco se "quiere comprar un nuevo conflicto" con los empresarios.
En ese marco, las mismas fuentes afirmaron que Bachelet impulsará la reforma, "pero no ahora". De hecho, trascendió que el proyecto de ley llegaría al Congreso a inicios de noviembre.
Pese a que los matices sobre la agenda laboral no alcanzan los decibeles que vivió Bachelet en su primer Gobierno -cuando tuvo que lidiar con la fuerte disputa entre sus entonces ministros Andrés Velasco (Hacienda) y Osvaldo Andrade (Trabajo) por la Reforma Previsional-, al momento de zanjar el contenido de la reforma laboral la Mandataria tendrá que resolver entre la mirada de Arenas y la de Blanco, quien, pese a no integrar el círculo de hierro de la Jefa de Estado, cuenta con su simpatía y apoyo.
Hasta hace 15 días, en la cartera de Trabajo festejaban que la Presidenta Bachelet tuviese encima de su escritorio el texto con los principales enunciados de la Reforma Laboral, donde se incorporó: Titularidad sindical, fin del reemplazo de los trabajadores en huelga y la ampliación de la negociación colectiva. "Si la Reforma Tributaria fue un golpe, éste va a ser el segundo golpe", comentó por esos días y en privado una fuente del citado ministerio.
De hecho, la propia ministra Blanco dio muestras de este entusiasmo a inicios de esta semana cuando destacó que esos son los temas de la agenda del Gobierno. Pero también increpó a los empresarios por criticar temáticas que -según aseguró- son parte del acuerdo que la CPC suscribió con el gremio sindical. "Fue la misma CPC en el 2012, es decir hace dos años, que firmó un acuerdo de voluntades con la CUT donde la mitad de los temas que hoy estamos discutiendo estaban como prioritarios para ellos, y la titularidad era parte del acuerdo", aseveró.
Sus dichos fueron replicados por el empresariado, que expuso su temor por lo que llamaron "incertidumbre" de los "titulares" de la Reforma Laboral.
En este marco, en privado el ministro Arenas pidió a La Moneda que se bajará el tono de las declaraciones para no abrir un nuevo flanco de conflicto en La Moneda.
Al interior del Ministerio de Hacienda, se clarificó que Arenas está 100% comprometido con los puntos que se acordaron con la CUT en medio de la negociación por el salario mínimo, donde el organismo sindical aceptó la oferta del Gobierno a cambio de que la autoridad se comprometiera a sacar adelante una agenda laboral. En todo caso, el texto se refiere a la materia en términos muy generales: "El Ejecutivo comprometió en su programa, entre otras materias, el fortalecimiento sindical y de la negociación colectiva", dice escuetamente el documento. Y en un punto clave, un colaborador de Arenas aseguró que dicho acuerdo, por ejemplo, no menciona "poner fin a la huelga como se ha dicho".
El próximo lunes 4, los integrantes de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirán con la ministra Blanco y con la directiva de la CUT en las dependencias de esa cartera para escuchar el planteamiento del Gobierno y de los trabajadores sobre la materia.
Sin embargo, la multigremial ya ha hecho ver sus puntos de vista, los que están en plena sintonía con la secretaria de Estado. Consultado sobre el tema, el vicepresidente de la Central, Nolberto Díaz, dijo: "La discusión de fondo no es más plata; lo que queremos es que nos devuelvan el poder que nos arrebataron".
Asimismo, advirtió que la Reforma Laboral "no admite negociación intermedia; es blanco o negro".
Para el dirigente sindical, la iniciativa "representa la riqueza de unos pocos y nosotros representamos intereses colectivos. Esta reforma está en curso porque ellos han abusado mucho".
En el marco de las conversaciones que el Ministerio de Trabajo inició con la CUT, se acordó hacer reuniones dos veces a la semana de las mesas técnicas para trabajar en los temas que eventualmente se incorporarán en el proyecto de ley.
Por lo pronto, la directiva del organismo gremial ya entregó al asesor de la ministra y coordinador de la Reforma, Roberto Godoy, los temas que esperan sean incorporados en el texto legal.
Así la lista incluye: Titularidad sindical y propiedad de los beneficios negociados por los sindicatos; simplificación de la negociación colectiva; derecho a huelga "efectivo"; ampliación de temas negociables y de permisos sindicales, además de ampliación de fondos de formación sindical y creación de fondos de fortalecimiento a la gestión sindical.
Otro elemento que los trabajadores también quieren incorporar a la discusión es revisar la lista que cada año elabora el Gobierno con las empresas donde sus sindicatos no tienen derecho a huelga. A juicio de los máximos dirigentes, es necesario acortar la nómina porque se está negando un derecho a los trabajadores. Frente a la decisión que este año tomaron los ministerios del Trabajo, Defensa y Economía -autoridades que definen dicha selección-, Díaz tuiteó con molestia, haciendo una comparación con la administración anterior: "Impresentable y pésima señal. Copy paste del Gobierno por listado que restringe derecho a huelga y además sumando aeropuerto".
También trascendió que en la cita del lunes pasado de la ministra Blanco y la CUT, la presidenta del organismo gremial, Bárbara Figueroa, pidió al Gobierno que no exista "autocensura" para incorporar otros elementos que puedan aparecer en el debate. Sin embargo, la dirigenta PC también dejó en claro que la plataforma laboral de la central es mucho más amplia que la del Gobierno. Con todo, Figueroa valoró que existan coincidencias en los lineamientos centrales de lo que debe incorporar una reforma laboral.
En tanto, el empresariado está a la espera de que la titular del Trabajo los invite a conversar sobre su plan laboral. Y es que, pese a la buena relación que la secretaria de Estado tiene con el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, existe inquietud. De ahí que esta semana, el dirigente saliera a pegarle a la reforma. Para los empresarios no hay espacio para impulsar una agenda laboral, cuando están en marcha la tributaria y la educacional.
En todo caso, desde Trabajo se informó que los próximos días la ministra recibirá al líder de la CPC para analizar el tema, pero, más importante aún, para concordar la manera en que trabajarán conjuntamente la Reforma Laboral.
Otra decisión adoptada por Blanco fue no hablar más del tema. Y esa instrucción la transmitió a los seremis de Trabajo en el encuentro que sostuvo con ellos el martes pasado.
El texto suscrito entre ambos sectores señala sobre la negociación colectiva y sindicalizada: "Mejorar el marco de las relaciones laborales, especialmente en la Negociación Colectiva. Avanzar en fortalecer el sindicato; crear una comisión bipartita para simplificar el proceso de negociación colectiva; ampliar la cantidad de materias que un sindicato puede abordar; favorecer el conocimiento y los beneficios de la actividad sindical, y constituir comisiones bipartitas para analizar el capítulo agrícola".
"Tenemos una Comisión Laboral que preside Rafael Guilisasti. Ese será el órgano de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), donde analizaremos en detalle las propuestas de la reforma laboral, una vez que se conozcan", cuenta Fernando Alvear, gerente general de la entidad gremial.
La reunión del lunes entre la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y la CUT -presidida por Bárbara Figueroa- ubicó nuevamente en el debate el fin al reemplazo en huelga y la titularidad sindical.
"Hasta ahora no hemos sido convocados por el ministerio y esperamos que nos inviten antes de octubre", precisa Alvear.
Sin embargo, dentro del mundo empresarial hay dos vertientes. Una dialogante, que está dispuesta a conversar los temas que contempla el programa de Bachelet en el plano laboral y que son tomados de la declaración de voluntades de enero de 2012 entre la CUT y la CPC; y otra que no está tan dispuesta a dialogar, por considerar que "no son temas prioritarios, y no se pueden abarcar tantas reformas a la vez".
Los empresarios "estamos al aguaite", precisa uno de ellos: "Se habla de la titularidad sindical y no sabemos qué significa, y habrá que esperar a que el ministerio, así como llama a la CUT, nos llame a nosotros".
A diferencia de otras ocasiones, en las que el empresariado se ha reunido con el ministerio del Trabajo para conversar sobre el multirut, reforma a la seguridad y prevención de accidentes, capacitación en todo ámbito -incluyendo franquicias y OTEC comerciales-, "esta vez no hemos tenido una reunión particular sobre la reforma laboral", cuentan desde el gremio.
Por eso están convencidos de que en esta ocasión el gobierno no instalará una mesa de negociación (que incluya simultáneamente a la CUT, CPC y al gobierno). Sin embargo creen que "para afinar los puntos del proyecto de ley sostendrá reuniones con las partes, para que hagamos las aclaraciones que nos parezcan adecuadas", esperan. El empresariado reconoce el acuerdo para fortalecer la negociación colectiva y la organización sindical, "pero no hay una referencia concreta de cómo sería ésta", dicen.
