Ex gerente general de la multitienda irá a juicio abreviado tras arreglo con el Ministerio Público.
El acuerdo alcanzado entre el ex gerente de la multitienda La Polar, Nicolás Ramírez y el Ministerio Público para ir a juicio abreviado a cambio de aceptar la condena que decida el Segundo Juzgado de Garantía y las imputaciones realizadas por el fiscal José Morales, podría complicar la defensa del resto de los imputados, entre ellos el presidente Pablo Alcalde y la ex gerenta de administración, María Isabel Farah.
Esa es la lectura que hace la abogada querellante, Bárbara Salinas, quien representa a cerca de 250 accionistas minoritarios de la multitienda cuya inversión se hizo humo tras el destape del escándalo de las repactaciones unilaterales.
"Si Nicolás Ramírez, que era gerente general durante la mayor parte del período en investigación, tenía conocimiento de las repactaciones, con mayor razón lo debieron haber sabido María Isabel Farah y Pablo Alcalde. Ahí parte la tremenda diferencia, el impacto y la importancia que puede tener una declaración por parte de Nicolás Ramírez de esa naturaleza, porque ahí se rompe la piedra angular de las defensas de Pablo Alcalde e Isabel Farah", sostuvo Salinas.
Desde el Ministerio Público también valoraron el acuerdo alcanzado por la Fiscalía: Si bien dicen que "los alcances (del acuerdo) son personales respecto de cada imputado, es un buen precedente y eventualmente la sentencia puede ser presentada como prueba en el juicio oral".
Fuentes de la defensa del resto de los imputados también creen que el acuerdo es positivo para ellos, ya que estiman que "para acceder a juicio oral con Ramírez, el Fiscal deberá solicitar penas no superiores a los 5 años que le permitan aplicar el acuerdo y aplicar penas no efectivas, lo que demuestra que las penas pedidas en la acusación están infladas y sólo producen generación de expectativas que después no van a satisfacer, aun en el caso de que el Ministerio Público y los querellantes ganen el juicio".
Originalmente, el fiscal José Morales había solicitado penas que llegaban hasta los 14 años de cárcel para los imputados, acusados de entregar información falsa y utilizar información privilegiada, entre otros delitos, mientras los querellantes persiguen una indemnización por US$37 millones.