Por el no pago de créditos y la dilución de activos de Inverraz por cerca de US$1.300 millones.
Luego de una intrincada disputa judicial, que duró años en Chile y el extranjero, la familia Errázuriz Ovalle -liderada por el empresario, ex senador y ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz Talavera- perdió una de las batallas finales en la disputa que mantiene con el banco alemán Kreditansatalt fur Wiederaufbau (KfW), por millonarios créditos concedidos al holding Inverraz, perteneciente al clan, y que precipitaron la desaparición de US$1.300 millones de activos familiares con el propósito de evitar las cobranzas judiciales.
Tras un fallo dictado por la jueza María Eugenia Campo (titular del 30° Juzgado Civil de Santiago) el 27 de junio pasado (último día en que la entonces magistrada se desempeñó en el Poder Judicial) se condenó al empresario, a su esposa y ex diputada María Victoria Ovalle, a sus siete hijos -Francisco Javier, María, Rafael, María Victoria, María Ignacia, Carolina María, Macarena, Magdalena Errázuriz Ovalle-, y a los ex ejecutivos de Inverraz, Jorge Sims y Eduardo Viada, a pagar en forma solidaria una indemnización por $40 mil millones.
Según la resolución judicial de 30 páginas, la sanción se justificó por el no pago, a contar del año 2000, de créditos por casi US$60 millones a la entidad germana y la posterior dilución de activos de Inverraz por cerca de US$1.300 millones en 101 nuevas sociedades de propiedad de la misma familia "con el propósito de vulnerar las garantías y pagos de dichos préstamos".
Al cierre de esta edición no fue posible contactar a los abogados de la familia Errázuriz Ovalle (el estudio jurídico Bosselin, Briones, Irureta & Sánchez), ni al hijo mayor del clan -Francisco Javier Errázuriz Ovalle-, ni al abogado del KfW, Ramón Domínguez, del estudio jurídico Noguera, Larraín & Dulanto.
De acuerdo al expediente judicial -de acceso público- a los pocos meses que Inverraz incumpliera los pagos, el banco KfW recurrió a la Corte Internacional de Arbitraje, la que en octubre de 2007 ordenó al holding pagar US$59,7 millones más intereses y costas.
Luego, y "tras una ardua oposición judicial", la Corte Suprema de Chile determinó en 2009 que la decisión de la Corte Internacional se cumpliera, lo que no se logró por la quiebra de Inverraz (decretada en 2011) y tras constatarse en esta empresa "la no existencia de bienes (...) y la existencia de una serie de operaciones que involucran a un sinnúmero de activos de Inverraz transferidos a otras sociedades manejadas directa e indirectamente por el Grupo Errázuriz".
Tras esta sorpresa, y luego de activar los seguros que el KfW había contratado para estos créditos, el banco recurrió a la justicia buscando una indemnización por los perjuicios que le ocasionó la familia Errázuriz Ovalle y sus ex ejecutivos, considerando que habían llevado a cabo "complejas" y "maliciosas" operaciones que "tuvieron como única finalidad bloquear, confundir o distraer al banco para eludir los compromisos con él" abusando de principios como "la buena fe, la equidad, la sanción a la simulación, el fraude a la ley y al enriquecimiento injusto y sin causa" logrando con ello situar los activos de Inverraz fuera del alcance del banco, señala el dictamen judicial.
En el fallo se deja constancia que los recursos obtenidos con los créditos otorgados por el KfW al clan fueron utilizados para financiar múltiples proyectos, tales como actividades mineras, agroindustriales, pesqueras y comerciales, "siendo beneficiarias otras sociedades del grupo que posteriormente fueron diluidas, eliminadas y desmanteladas (...) procurando que los activos permanecieran en la familia Errázuriz Ovalle".
Frente a las acusaciones entregadas en su demanda por el KfW, las hijas de Errázuriz respondieron no haber intervenido como directoras o administradoras de Inverraz, al ser sólo accionistas de algunas de sus sociedades. También, argumentaron que en todo momento sus conductas "se han ajustado a las normas legales y morales por ser ellas personas serias, profesionales, madres y dueñas de casa", negando en todo momento haber participado en complejas operaciones para eludir el pago de los créditos de Inverraz.
De hecho, en sus respuestas María Victoria, María Ignacia y Carolina María Errázuriz Ovalle acusan al banco alemán de solicitar una indemnización "con un lenguaje ofensivo" y con el propósito de hostigarlas.
En otra contestación, la esposa de Errázuriz, junto a otras tres de sus hijas, señaló que las acusaciones eran genéricas y que sus intervenciones en Inverraz sólo se limitaron a actuar como ejecutivas de la firma y que su participación en el denominado Grupo de Empresas Errázuriz Ovalle se limitó a su calidad de accionistas.
De hecho, la ex diputada aseguró en el juicio que sólo percibió un sueldo cuando se desempeñó como parlamentaria entre 1998 y 2002, sin tener bienes ni patrimonio personal, asegurando que "los gastos mensuales de su casa los afrontaba con el depósito que le practicaba su marido".
En otro expediente del caso, el propio empresario y ex senador, su hijo Javier Errázuriz Ovalle (actual administrador de las sociedades familiares) y los ex ejecutivos de Inverraz, Jorge Sims y Eduardo Viada, descartaron todos y cada uno de los antecedentes de la demanda, llegando a negar todos ellos la propia existencia del conocido grupo empresarial Errázuriz Ovalle.
Para esta demanda, el KfW presentó al tribunal civil de Chile 80 pruebas, más tres informes elaborados por peritos: uno contable-financiero, otro en derecho y el tercero sobre los activos inmuebles de la familia Errázuriz Ovalle.
Dichos informes relatan que en un período de 10 años el patrimonio de casi US$1.300 millones de Inverraz se diluyó en una red de sociedades cerradas (en continua reestructuración y con similitud de nombres) que al final siguen perteneciendo a las mismas personas. A su vez, se detalla que no se encontraron bienes inmuebles importantes inscritos a nombre de la familia Errázuriz Ovalle, pese a que anteriormente sí los había por un gran valor, ya que éstos fueron traspasados a sociedades del mismo grupo.
Para explicar todas estas transacciones, el informe en derecho encargado por el KfW señala que las actuaciones de los controladores de Inverraz llevaron a que el patrimonio de este holding dejara de garantizar el pago de sus deudas, "haciendo desaparecer en la práctica el derecho de prenda", y llevando a que esos mismos controladores pasaran a usar la estructura formal de nuevas sociedades para impedir el pago al banco alemán.
Todos estos informes, en definitiva, sustentaron el fallo de la jueza María Eugenia Campo contra la familia Errázuriz Ovalle.
Lo anterior, porque -en contraposición a las pruebas del KfW- la familia Errázuriz se limitó a entregar al tribunal una serie de documentos en lenguaje extranjero que no aportaron a la investigación y una serie de testimonios que el mismo tribunal calificó de "inverosímiles excusas" .
A su vez, según consta en el fallo, el grupo familiar tampoco aclaró en qué circunstancias Inverraz se desprendió de 83 sociedades durante la administración de Jorge Sims, Eduardo Viada y Francisco Javier Errázuriz Ovalle.
Así, la jueza Campo determinó que con los antecedentes aportados se demostró que hubo extracción de valores de Inverraz en perjuicio de la misma sociedad y sus acreedores.
Conclusiones a las que la jueza llego considerando que "no existe ningún antecedente que permita indicar que el menoscabo financiero que presentó Inverraz (...) se debiera a decisiones erróneas en los negocios (...) lo que permite concluir que hubo una estrategia de desmantelamiento (...) de Inverraz para que el patrimonio de la firma continúe directamente bajo propiedad de la familia Errázuriz", justifica el fallo.
En su dictamen la jueza señala que la "confusión patrimonial" que se aprecia en este caso sólo puede entenderse como "intencional en el sentido de entorpecer deliberadamente el derecho de cobro"... "de todo lo cual se desprenden fuertes indicios de fraude contra los acreedores del Grupo Errázuriz".
Según el expediente del 30° Juzgado Civil, a los pocos días de dictado el fallo el estudio jurídico Bosselin, Briones, Irureta & Sánchez presentó tres apelaciones con el propósito de revertir la sentencia contra los Errázuriz Ovalle, sin que hasta la fecha estas peticiones hayan ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago.
El empresario Francisco Javier Errázuriz inició su fortuna a través de los negocios agrícolas y ganaderos en Chile e inmobiliario en Ecuador. En 1976 se adjudicó la representación en Chile de la japonesa Nissan que a inicios de 2012 su familia vendió a la nipona Marubeni.
En pleno proceso de expansión, en los 80 el hombre de negocios creó las AFP Invierta y Planvital, que también enajenó, además de las aseguradoras de vida y generales Renta Nacional y Leasing Nacional.
El empresario, además, ingresó al área pesquera y minera y en 1982 adquirió la cadena de supermercados Unimarc, que vendió en 2007 a la familia Saieh.
Transformado en un grupo económico de peso, Errázuriz incursionó en los rubros computacional, inmobiliario, comercial y bancario, tras adquirir en 1980 el entonces Banco Comercial de Curicó, conocido posteriormente como Banco Nacional.
El éxito alcanzado lleva a Errázuriz en 1989 a inscribirse como candidato independiente a la Presidencia, prometiendo, entre otros, "acabar con la UF en 3 minutos". En el intertanto, el gobierno militar decide intervenir al Banco Nacional y forzar su venta.
Pese a su fracaso electoral en las presidenciales (tras lograr el 15,05% de los votos), entre 1994 y 2002 el empresario fue electo senador, etapa en la que continúa su expansión inmobiliaria y minera.
Sin embargo, tras una serie de disputas judiciales de orden penal y laboral, en 2013 un tribunal de primera instancia lo declara "enajenado mental" sobreseyéndolo en un caso que involucraba a trabajadores de Paraguay que permanecían de manera irregular en el país.
Tras este episodio, las empresas familiares quedan al mando de su hijo mayor, Francisco Javier Errázuriz Ovalle, quien gestiona, entre otras, la minera no metálica Cosayach, la distribuidora de autos y maquinaria china Cidef y numerosos predios agrícolas.
