Pese a que antes había avalado el proceso, sus indagaciones en las dependencias del INE concluyeron que el cambio de metodología no se ajustó a lo que dispone su ley orgánica.
El golpe de gracia para dirimir la validez del Censo 2012, podría darlo en los próximos meses la Contraloría General de la República, si una vez que concluya la investigación sobre el tema comprueba la tesis de que el procedimiento para la captura de los datos no estuvo apegado a la ley.
El nuevo cuestionamiento al Censo 2012, esta vez sobre la legalidad del proceso, lo deslizó la Contraloría en un pre informe al que tuvo acceso La Segunda, entregado en el marco de una investigación al interior del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que partió en octubre del año pasado y finalizó en junio pasado.
Al margen de los resultados propiamente estadísticos del Censo 2012, que provocaron una fuerte controversia técnica y política y que llevaron al actual gobierno a tomar la decisión de realizar uno nuevo y abreviado en 2017, se abrirá un nuevo flanco de críticas a la gestión del equipo que encabezó el ex director del INE, Francisco Javier Labbé.
El tema de fondo para la Contraloría es determinar si el procedimiento adoptado por el gobierno pasado, esto es, realizar un censo de derecho, a lo largo de tres meses de aplicación de las encuestas, y no de hecho (sólo en un día), vulneró o no la ley vigente. Lo cierto es que la Ley 17.364, que rige las actuaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), establece que el censo debe realizarse en un día feriado. De este modo, el artículo 43 de esta ley señala textualmente: "Tendrá carácter de feriado legal el día en que deba procederse al levantamiento de los censos oficiales. La fecha del censo será determinada por resolución del director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas".
A renglón seguido, el artículo 44 señala que en dicho feriado "quedan prohibidas desde las 6 hasta las 18 horas del día mencionado en el artículo anterior, las actividades, espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos, las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y eventos similares (...)".
No obstante lo anterior, un decreto emanado del Ministerio de Economía, número 143, publicado el 4 de enero de 2012, modificó otro dictado en 2009 (número 321) por la misma cartera, transformando el censo de hecho, en censo de derecho.
Según la nomenclatura internacional, un censo de hecho consiste en levantar la información tomando como referencia el lugar de la última pernoctación del informante; y un censo de derecho es aquél que toma como referencia el lugar del domicilio o residencia habitual del informante.
La diferencia puede ser sutil, pero determina si el levantamiento de la información se hace en un día, o en varios. Para lograr que el cuestionado ejercicio fuera "el mejor censo de la historia", el ex director del INE, Francisco Javier Labbé, pidió un cambio de modalidad, a pocos meses de que éste se realizara y contó con la venia de sus jefes superiores.
De este modo, el entonces Presidente Sebastián Piñera, su ministro de Economía, Pablo Longueira, y el entonces subsecretario de Economía, Tomás Flores, refrendaron el cambio propuesto por Labbé y su equipo de asesores. Mediante un solo artículo del mencionado decreto 143, establecieron lo siguiente: "El Instituto Nacional de Estadísticas procederá a levantar en todo el país, durante el curso del año 2012, el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda".
Abordados para aclarar el cambio de censo de hecho a derecho, tanto el ex ministro Longueira, como el ex subsecretario Flores, declinaron referirse al tema.
Sin embargo trascendió que uno de los motivos principales para cambiar la modalidad fue porque el equipo encabezado por Labbé no confiaba en los estudiantes como encuestadores. Entre otras cosas, debido a los paros y protestas en que éstos habían estado participando. Por esta razón se impuso la idea de contratar a los encuestadores y remunerarlos.
Lo curioso fue que la Contraloría también sancionó favorablemente el procedimiento, mediante un ambiguo dictamen, en que por una parte declaraba que el decreto 143, (modificatorio del decreto supremo 321, de 2009) se ajustaba a derecho, y al mismo tiempo dejó establecido que le daba curso "con reparos".
"No obstante, cumple con hacer presente que el artículo 43 de la Ley 17.374 señala que tendrá el carácter de feriado legal el día en que deba procederse al levantamiento de censos oficiales", consignó la Contraloría, mediante oficio 80.449, del 26 de diciembre de 2011. Este mismo punto lo tomó el equipo de investigadores de Contraloría para poner en duda la legalidad del cuestionado censo 2012.
Por estos días el equipo de Contraloría se encuentra a punto de finalizar su comisión de servicio en las dependencias del organismo estadístico y en el pre informe de 40 páginas, ya evacuado, ratifica que el procedimiento elegido para capturar los datos del censo vulneró la ley orgánica del INE. El documento fue entregado a las nuevas autoridades del INE, las cuales tuvieron un plazo de 10 días para leerlo y sugerir enmiendas, pero volvió al organismo contralor sin alteraciones.
"El paso siguiente es que éste lo perfeccione en un documento final, para lo cual no tiene plazo preestablecido y luego tome la decisión de solicitar medidas de índole administrativas y/o judiciales a los organismos competentes, o bien lo archive", declaró una fuente del organismo estatal.
El diputado Gabriel Silber, quien formó parte de la comisión investigadora de la Cámara que el año pasado abordó las irregularidades denunciadas, dijo que pedirá audiencia con el contralor, Ramiro Mendoza, para tener antecedentes de primera mano sobre la investigación realizada en el INE y evaluar si amerita o no solicitar acciones legales o algún juicio de cuentas.
"De comprobarse que el procedimiento no estuvo apegado a la ley, se podrían levantar cargos por notable abandono de deberes", manifestó Silber.
A su vez, el ex diputado Juan Carlos Latorre, quien presidió la comisión investigadora de la Cámara, reconoció que el trabajo que realizaron se centró en las responsabilidades administrativas que fueron denunciadas por los propios empleados del INE y por algunos medios de comunicación.
Sin embargo, admite "no atisbamos a que el procedimiento elegido para levantar la información no se ajustaba a la ley orgánica del INE". En este sentido, Latorre señaló que la investigación de la Contraloría viene a complementar el trabajo de los diputados y que "puede significar la apertura de una arista para perseguir responsabilidades políticas sobre la forma en que se gastaron US$14 millones, que fue el costo total del Censo 2012".
Respecto del cambio metodológico, de censo de hecho a censo de derecho, Latorre recordó que en las conclusiones a las que llegó la comisión investigadora de la Cámara se establece que "se trató de una decisión apresurada, sin los suficientes fundamentos y estudios técnicos para sopesar las consecuencias y las modificaciones de plazo para su adecuada implementación".
En uno de sus párrafos, el informe de la Cámara sostiene que desde que se decidió el cambio de metodología hasta que éste se consolidó en la Comisión Nacional Censal, transcurrieron apenas 25 días, dejando de lado los más de cuatro años de preparación y evaluaciones anteriores que se habían realizado para realizar el censo conforme al procedimiento tradicional: la modalidad de hecho.
En forma paralela a la investigación de la Contraloría sobre las presuntas irregularidades administrativas ocurridas en el marco del Censo 2012, el propio INE realizó cuatro sumarios, cuyos resultados fueron puestos a disposición de la entidad contralora. Esta será la que finalmente resuelva si después los traspasa como denuncia al Ministerio Público.
1.- Doble pago de honorarios (o pago duplicado por el mismo servicio) a alrededor de 300 encuestadores. Luego de ser descubierto este hecho, el INE trató de recuperar el dinero pagado en exceso, pero los giros bancarios ya se había realizado.
2.- Responsabilidad que le cabría al ex director del INE, Francisco Javier Labbé, en la triangulación del pago de honorarios a asesores de su confianza.
3.- Pagos de servicios a terceros, por adelantado, antes de la existencia de las autorizaciones administrativas de rigor.
4.- Circunstancias que rodearon el ingreso de un empleado del INE a las oficinas del organismo, fuera del horario de trabajo (durante la noche), supuestamente para eliminar archivos y/o información comprometedora. Esto habría ocurrido días después de que se hizo pública la denuncia sobre las irregularidades del Censo 2012, el año pasado.
