Luego de una investigación iniciada en 2010, por la Fiscalía Nacional Económica, el máximo tribunal de la libre competencia acogió la denuncia de colusión con otras dos empresas que ofrecen servicios de transporte de pasajeros en la ruta Santiago-Curacaví. La empresa mayor ejecutó inusuales maniobras, primero para sacar de la competencia al operador Atevil y luego "para disciplinar" a éste en la fijación tarifaria y planificación horaria.
Las prácticas de colusión, guerras de precios, concentración de mercados y hostigamiento de competidores, no son exclusivas de las grandes empresas o conglomerados. El caso de la multa aplicada recientemente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a la empresa de transporte de pasajeros Pullman Bus, por sus servicios de Santiago-Curacaví-Santiago y, ocasionalmente, al Santuario de Lo Vásquez, reveló que este tipo de prácticas se dan con tanta o mayor frecuencia en pequeños nichos de mercado.
Basta con que aparezca un nuevo competidor para que los antiguos jugadores le declaren la guerra. Así ocurrió cuando la pequeña empresa Atevil, encabezada por Sonia Villarroel Contreras, comenzó a operar el tramo Santiago-Curacaví, con una tarifa de $800 por pasajero, desafiando de inmediato a Pullman y a RVC (Ruta Vía Curacaví) que ofrecían este mismo servicio, pero a $1.000.
Según el grueso expediente de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que luego ratificó en la mayoría de sus partes el TDLC, en su peor momento "la guerra predatoria" redujo las tarifas a $500 y luego, cuando Pullman logró conminar a Atevil a concertarse, el valor del pasaje subió a $1.200, "con el consiguiente perjuicio para los usuarios y para el libre mercado".
"Esta historia, copiosamente investigada por la FNE en 2010 y 2011 y sancionada este año, bien podría servir para un estudio de caso de los cursos de MBA sobre libre competencia y regulación de mercados", sostiene un abogado del TDLC.
La situación relatada ante la FNE por numerosos testigos de cargo, da cuenta de curiosas maniobras utilizadas por los antiguos operadores para sacarse de encima a Atevil, o en su defecto, para "disciplinar" a ésta, obligándola a subir el pasaje primero a $1.000 y luego a $1.200. Junto con ello, Atevil aceptó someterse a una planificación horaria (frecuencias de salida), de tal manera que no disputara pasajeros a Pullman y a RVC. También fue sometida a un hostigamiento espacial en la terminal San Borja, relegándose por un largo tiempo a la terminal Pajaritos.
En este nicho de mercado, Pullman Bus operaba con 80 buses, RVC con 45 y la empresa más nueva, Atevil, con 11 máquinas. En sus descargos, la primera empresa sostuvo que eran más los competidores, considerando los 40 a 50 buses particulares (léase piratas) que se instalan en Alameda con Chacabuco para prestar el mismo servicio. Por lo tanto, según la demandada, "mal puede haber un ilícito anticompetitivo en un servicio de transporte que cubre una porción insignificante de la demanda".
Sin embargo, aun considerando los buses piratas, la FNE estimó que el cartel formado por Pullman y RVC controlaba el 67% del mercado en cuestión.
Hasta antes de la aparición de Atevil, Pullman y RVC se repartían el mercado, casi en partes iguales, con una leve ventaja para la primera. Según lo investigado por la FNE, ambas compañías acordaban las tarifas en reuniones de sus principales ejecutivos, no sólo para los servicios habituales a Curacaví, sino también para los ocasionales. Por ejemplo, para atender a los miles de peregrinos que acudían al Santuario de Lo Vásquez, en diciembre, o para cubrir los mayores flujos que surgen en verano.
El testigo Raúl Molina, de la empresa Bupesa, en audiencia testimonial ante la FNE, declaró: "me llamó David Olivares y Pablo von Breitenbach, de Pullman (...) y nos propusieron fijar las tarifas para el verano".
En otro acápite del expediente, se transcribe un audio en que Von Breitenbach llama a un ejecutivo de RVC para hablar sobre el "tema Lo Vásquez". En ese momento el representante de Pullman le dice a su supuesto competidor: "hace tiempo estamos pegados en $3.500, yo me iría a $4.000 y las bicicletas a $2.000 (...) lo principal, como le digo, es afirmar las tarifas; es una vez al año, entonces, tratemos de sacarle buena plata".
La respuesta del representante de la empresa RVC, Alejandro Cabello Reyes, fue inmediata: "ningún problema don Pablo".
En el acápite 179 del expediente del TDLC se sostiene que de aquella transcripción se evidencia "que el Sr. Von Breitenbach llamó al Sr. Cabello Reyes para acordar las tarifas a cobrar en la prestación del servicio de transporte de pasajeros para la festividad de la Inmaculada Concepción, de diciembre de 2010". Luego, en audiencia de absolución de posiciones, el mismo TDLC dice que "el Sr. Von Breitenbach intentó justificar el contenido de la citada conversación aduciendo que, efectivamente me comuniqué con don Alejandro, pero no para fijar tarifas, sino para sugerir tarifas".
Cuando en 2007 Atevil comenzó a ofrecer el servicio entre la capital y Curacaví, su propietaria, Sonia Villarroel, desconocía cómo aquellas empresas se repartían el mercado. Para ganarse la preferencia del público, hizo lo que comúnmente hacen los nuevos competidores: ofrecer tarifas más bajas, a manera de promoción. Dado que tuvo éxito, aumentó el número de buses y también las frecuencias en esa ruta, levantando las alertas de Pullman y RVC.
Luego de la guerra de tarifas, Atevil accedió incorporarse al cartel formado por Pullman y RVC, pero al poco tiempo se habría desmarcado, incorporando 15 nuevos vehículos, en la modalidad de prestadores externos, para iniciar el servicio desde la terminal San Borja en la ruta Santiago-Patagüilla. Según la FNE, tal estrategia habría sido interpretada por los otros dos operadores "como un desvío del acuerdo, reaccionando nuevamente con actos de hostigamiento y guerra de precios".
La presión directa, nuevamente ejercida por el representante de Pullman, Von Breitenbach, dio resultado por segunda vez y -según la FNE- Atevil abandonó la ruta a Curacaví en la variante Patagüilla, redujo el número de salidas desde Pajaritos y dejó de usar la terminal San Borja. En ese momento los concertados dijeron que Sonia Villarroel había retornado a la "familia Pullman Bus".
Los testigos señalaron que mientras estuvo funcionando el cartel con las tres empresas, los buses estacionados en los andenes de los terminales debían mantener cerradas las puertas para que no ingresaran pasajeros, hasta que no les llegara el turno de salida, previamente acordado.
El relato de la FNE señala que en abril de 2011 Atevil dejó de formar parte del cartel, reanudando sus servicios desde San Borja y aumentando el número de salidas desde Pajaritos. Dos meses después la FNE presentó la demanda por colusión en este singular mercado ante el TDLC.
Luego que Atevil se salió del acuerdo con sus otros dos competidores, bajó la tarifa a $500 y para atraer pasajeros puso letreros con frases tales como "súbase a $500", "aproveche el ofertón", o "gran liquidación". Hernán Vergara Torres, ejecutivo de Atevil, declaró en la Fiscalía que esta campaña no cayó bien a los competidores, quienes de inmediato "trataron de ubicar a la Señora Sonia Villarroel, para una reunión urgente". Ella participó en varias reuniones y admitió que en todas ellas se habló de fijación de tarifas y reparto de horarios.
Luego, la propietaria de Atevil optó por declarar en el proceso mediante un "acta de delación compensada", recurso mediante el cual obtuvo el beneficio de eximirse de ser condenada a pagar una multa, por haber formado parte del cartel.
Según el TDLC, "la confesión de un miembro de un cartel constituye una prueba directa del acuerdo y, desde el punto de vista procesal, cuando es usada contra los demás demandados, ha de otorgársele el valor de prueba testimonial". A contrario sensu, la sentencia explica que "las afirmaciones que realizan las partes en su beneficio no pueden constituir prueba de ella, sino que, por el contrario, deben ser objeto mismo de la prueba a rendir". Esto significa que vale más lo que un declarante diga en contra de otros y menos lo que diga a favor de sí mismo, que fue lo que pasó con las declaraciones del acusado Von Breitenbach.
En la sentencia dictada el 15 de enero pasado, los miembros del TDLC, Tomás Menchaca (presidente), Andrea Butelman, Radoslav Razmilic, María de la Luz Domper y Críspulo Marmolejo, acordaron multar y obligar a pagar las costas del proceso a Servicios Pullmann Bus Costa Central S.A. y al socio controlador de ésta, Pedro Farías Soto, con 1.500 y 100 unidades tributarias (UTA), respectivamente; al propietario de RVC, Alejandro Cabello, con 50 UTA; y al agente-operador de Pullman, Paul von Breitenbach, con 80 UTA.
Así y todo, el TDLC fue condescendiente con Pullman y RVC, porque la multa inicial solicitada por la FNE era de 5.000 y 2.000 UTA, respectivamente.
En la parte medular de la sentencia el TDLC señala que las personas sancionadas ejecutaron "actos concertados para fijar precios a público y asignarse cuotas de mercado en la ruta Santiago-Curacaví-Santiago. Y en el caso particular de Pullman y RVC, habrían mantenido un "acuerdo histórico de efectos permanentes y circunstancialmente, y en la medida que le es dable explotar más su poder de mercado -como ocurre en festividades como Lo Vásquez, donde la demanda se presenta en términos más inelásticos-, se concertan para incrementar sus beneficios a expensas de los consumidores".
La defensa de Pullman Bus sostuvo que esta empresa "no participa ni ha participado jamás de un acuerdo para fijar tarifas" ni tampoco conductas que pudieran haber generado "efectos anti competitivos en el mercado". Es más, señaló que los servicios cuestionados, en la ruta Santiago-Curacaví-Santiago, constituyen "un apéndice" del negocio global de la empresa. Esto porque tal servicio lo presta con minibuses y porque Curacaví "siempre ha representado una contribución mínima al pozo que se reparte entre todos los empresarios propietarios de buses". Es más, la acusada sostuvo que esta ruta deja pérdidas.
Por otra parte, Pullman desmintió que Paul von Breitenbach, uno de los gestores materiales de las reuniones en que se orquestaron los actos de colusión, pertenezca a la empresa. En consecuencia, si esta persona realizó alguna gestión "obedeció a su propia iniciativa, sin intervención ni injerencia de Pullman Bus Costa Central".
Pero ¿por qué, si Pullman reconoce que trabaja a pérdida en la ruta Santiago-Curacaví-Santiago, ha seguido manteniendo el servicio? La respuesta se la dio la misma empresa en el proceso: "existe una variante eminentemente histórica, de tradición que es inmanente al grupo de empresarios en cuestión y en ningún caso la variante económica es determinante".
Con esta respuesta, la empresa acusada insinuó que la ruta a Curacaví se sostiene por un subsidio de las propias compañías que forman parte del consorcio Pullman Bus Costa Central que prestan el servicio, dado que "casi la totalidad de éstas tiene el fuerte de sus inversiones en el transporte de pasajeros hacia otros destinos".
