Entre los legisladores de las comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y del Senado existe cierto consenso respecto de las materias que debieran estar presentes en el nuevo debate parlamentario: desde revisión de la institucionalidad ambiental hasta la protección de los ecosistemas.
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La revisión de la institucionalidad ambiental, crear finalmente el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, normativas claras en materia de contaminación del aire y el ordenamiento territorial son algunos de los desafíos que en materia medioambiental debe enfrentar el gobierno de Michelle Bachelet.
El tema no es menor considerando que existe una ciudadanía empoderada, que exige mayor participación y está dispuesta a levantar la voz frente a megaproyectos, principalmente eléctricos. Muchos de esos tópicos avivarán el debate parlamentario, donde los diputados y senadores que integran las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales tienen intereses diversos, que van desde sacar del cajón el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, clave en la consolidación de la institucionalidad ambiental, hasta impulsar el debate sobre los llamados impuestos “verdes”, cuya discusión ya llegó al Congreso el año 2012 cuando se presentó como parte del proyecto de Reforma Tributaria, articulado que fue retirado ante el nulo apoyo que concitó la idea de gravar productos de corta vida útil, pero larga degradación.
Por lo pronto, el ordenamiento de la agenda está en proceso. Mientras en el Senado la Comisión de Medio Ambiente se constituirá en los primeros días de abril, en la Cámara de Diputados el panorama está algo más avanzado. El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, ya expuso en esa instancia los objetivos que, en el corto plazo, tiene su cartera: planes de descontaminación de las zonas saturadas o latentes y la tramitación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, compromisos que son parte de los 50 medidas del gobierno para sus primeros 100 días.
Ante el interés que genera la agenda medioambiental, Badenier concurrirá nuevamente a la comisión de la Cámara Baja para abordar otras iniciativas de más largo aliento, pero no menos urgentes, como son la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que ingresó en septiembre de 2013 al Congreso y es largamente esperada por algunos sectores industriales.
Alejandro Navarro (MAS), integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, refrenda la necesidad de tramitar una ley general de residuos, que considere el principio de responsabilidad “de la cuna a la tumba” o REP. El tema es considerado estratégico para Chile, ya que es una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a sus países miembros: tener en trámite una norma de este tipo precisamente este año.
A su juicio, otro aspecto relevante es avanzar hacia una institucionalidad ambiental que cumpla su rol “de manera efectiva y eficiente”, de modo de evitar que los tribunales de justicia definan “la forma correcta en que deben hacerse las cosas”. En esta misma línea, también apunta a revisar el funcionamiento de los Tribunales Ambientales, que estima “siguen manteniendo una relación excluyente y centralista con las comunidades de las distintas regiones, que ven dificultado de esta forma su acceso a la justicia ambiental”.
Entre los parlamentarios existe conciencia de que la creación del Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas y el Sistema Nacional de Areas Protegidas son prioritarios. Navarro, por ejemplo, considera que Chile debe ponerse al día en este ámbito y así seguir avanzando en la implementación de los compromisos suscritos en materia ecológica, “especialmente en lo que dice relación con la Convención de Biodiversidad, además de suscribir y ratificar el Protocolo de Cartagena y suscribir y ratificar el Protocolo de Nagoya, que se derivan de dicha convención”.
Es en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados donde se produjo la mayor renovación de integrantes. Mientras salieron legisladores como Enrique Accorsi y Marisol Turres, debutan otros como Daniel Melo (PS) en la presidencia, Camila Vallejo (PC), Marcelo Chávez (DC) y Jorge Rathgeb (RN).
Una de las emblemáticas que continúa es la diputada Andrea Molina (UDI), que presidió en el período anterior esta instancia, quien define como prioritario un plan de descontaminación con medidas concretas, como construcciones que tengan mejor aislamiento o el recambio de calefactores en ciudades como Temuco.
En materia de participación ciudadana, Molina advierte la necesidad de ampliar de 5 a 30 días el período para que la gente pueda participar en una declaración o estudio de impacto ambiental. “No se puede llamar a la ciudadanía a último minuto o hacer una reunión con 3 o 4 personas y que eso signifique participación ciudadana. Además, esa participación tiene que ser vinculante, sino no tiene ninguna validez”, asevera.
Respecto de la inminencia de la REP, la legisladora considera primordial realizar un trabajo mancomunado entre municipios, recicladores de base y la población para bajar el nivel de generación de desperdicios y dar al Ministerio de Educación un rol central en enseñar a reciclar y producir menos basura. “Vamos a apoyar todos los proyectos que generen un desarrollo sustentable a nivel nacional. No estoy en contra de las empresas ni de los proyectos, siempre y cuando sean sustentables. No podemos seguir teniendo solo un criterio económico. Tenemos que introducir la variable sustentable y de salud”, sentencia.
A su vez, Daniel Melo explica que una de sus banderas será establecer una Ley General de Residuos para Chile y “un paquete de medidas destinados a rediseñar el Sistema de Evaluación Ambiental, especialmente, en materia de participación ciudadana y consulta indígena”. Asimismo, explica la necesidad de avanzar en el nuevo instrumento de gestión ambiental llamado Evaluación Ambiental Estratégica, que incorpore “la exigencia de criterios de sustentabilidad y objetivos ambientales en la construcción de los instrumentos de planificación territorial” que realicen el Ministerio de Vivienda, los municipios o los Gobiernos Regionales.
El diputado DC Patricio Vallespín, en tanto, apuesta a profundizar materias de equidad y justicia ambiental, “evitando una sobre relevancia de la mirada productivista, con una agenda contundente para avanzar hacia la sustentabilidad del desarrollo”.
Por ello, estima fundamental revisar el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para mejorar los mecanismos de participación ciudadana “con mayores grados de descentralización y mayor precisión en exigencias a los proponentes”.
Garantizar una mayor protección de la biodiversidad también figuran en su carpeta, al igual que aprobar una Ley General Marco de Residuos con enfoque integral, paralela a una Ley de REP con roles claros para todos los actores.
“Estas son prioridades que no se pueden seguir postergando”, asevera.
