El nuevo equipo de Hacienda, que encabeza Alberto Arenas, se encuentra afinando los últimos detalles de la redacción del proyecto de ley de reforma tributaria que en las próximas semanas se entregará para su revisión final a la Presidenta electa, Michelle Bachelet.

El lugar escogido por el futuro ministro de Hacienda para redactar el texto legal que se entregará a la Mandataria en los próximos días, antes de su envío al Congreso, es la Fundación Dialoga.

Allí, se ha reunido en los últimos días con algunas autoridades políticas de la Nueva Mayoría. Entre ellas, el futuro presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo; el jefe de la bancada de senadores socialistas, Fulvio Rossi, y el actual presidente del Senado, Jorge Pizarro.

Según una fuente cercana al asunto, el cronograma que se ha esbozado al interior del nuevo gobierno contempla que el envío del proyecto se realice durante la segunda quincena de marzo, una vez que se instale la nueva administración que arribará al gobierno el día 11.

Explica que la idea es que la discusión del proyecto se concentre en el Congreso. "No habrá discusión previa antes del envío de la iniciativa. Sin embargo, en las comisiones de Hacienda todos los interesados podrán hacer llegar sus puntos de vista", agrega.

Otra fuente remarca que la idea no es "pasar la aplanadora, sino más bien hacer valer el mandato que recibimos de la ciudadanía en las elecciones presidenciales y parlamentarias".

Tras las últimas parlamentarias, el nuevo gobierno tendrá mayoría en ambas cámaras y en las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.

Así, en el nuevo gobierno estiman que "respetando los tiempos que se requieren para discutir una reforma de esta envergadura", el despacho de la propuesta debería tardar entre cuatro y seis meses.

Principios inalterables

En la Nueva Mayoría aseguran que esta reforma -cuya meta de recaudación es de 3% del PIB- mantendrá "prácticamente intactos" los pilares de la propuesta que anunció durante la campaña presidencial.

El documento no modificará la polémica decisión de eliminar el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) , pese a las críticas de la Alianza, los sectores empresariales y algunos economistas de la DC. Se plantea gradualidad en el término de este mecanismo, manteniendo el FUT histórico y pasando a contar del cuarto año de la reforma a un sistema en donde los dueños deberán tributar por la totalidad de las utilidades y no sólo sobre las que retiran.

Complementariamente esta reforma elevará, en forma gradual, la tasa del impuesto a las empresas de 20% a 25% y reducirá la tasa máxima de los impuestos personales, del 40% actual a un 35%, en el plazo de cuatro años.

Frente a los cambios anunciados en el Impuesto a la Renta, la propuesta también contempla una serie de incentivos a la inversión de las empresas. Por ejemplo, un mecanismo de depreciación instantánea , que consiste en que las empresas puedan descontar de las utilidades la inversión total. La idea es que este mecanismo se implemente a contar del cuarto año junto con el fin del FUT.

Asimismo, el proyecto propone eximir de impuestos a las personas por las ganancias percibidas con el ahorro que realicen en instrumentos financieros hasta un tope correspondiente a la rentabilidad de instrumentos sin riesgo con el objetivo de premiar el ahorro de las personas de ingresos medios.

Para reducir la evasión y elusión tributaria la propuesta propone mejorar la efectividad de la fiscalización.

También plantea aumentar la dotación de fiscalizadores y la inversión en capacitación; revisar y fortalecer las facultades de fiscalización y de acceso a información con que cuenta el SII.

Además se contempla un nuevo impuesto para vehículos diésel de alta cilindrada y avanzar en la implementación de impuestos a la emisión de contaminantes en la industria por el uso de combustibles fósiles.

Establece un impuesto a las bebidas alcohólicas en proporción al volumen de alcohol puro incluido en cada tipo de bebida y en el caso de los cigarrillos se incrementará un impuesto específico por cantidad y se reducirá el impuesto ad valorem.

Contempla, además, derogar el DL 600 y restringir el crédito especial de IVA para empresas constructoras , limitándolo sólo a viviendas con precios inferiores a 2.000 UF.