No es fácil la decisión de poner dinero en sociedades cuyos principales ejecutivos enfrentan cargos y acusaciones por favorecerse a costa de los minoritarios. Algunos inversionistas están iniciando las gestiones para pedirle a la autoridad que suspenda las operaciones.
Las AFP están entre la espada y la pared. Los aumentos de capital aprobados por las juntas extraordinarias de las sociedades cascadas Oro Blanco (US$120 millones) y Norte Grande (US$92 millones) en contra de su voluntad amenazan con poner en serios aprietos a las administradoras de fondos de pensiones, que forman parte del grupo de accionistas minoritarios que denunció al controlador de dichas sociedades, Julio Ponce, de realizar operaciones bursátiles que lo beneficiaron a él y a un grupo de colaboradores y perjudicó al resto de los inversionistas.
El caso está siendo investigado por las superintendencias de Valores y Seguros y de Pensiones, el Ministerio Público, y hace una semana la comisión de Trabajo del Senado anunció que remitiría los antecedentes a la Cámara de Diputados para que haga uso de sus facultades fiscalizadoras.
La encrucijada de las AFP surge de su obligación de maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo de las inversiones que hacen con la plata de los trabajadores. Entonces, ¿deben las administradoras de fondos de pensiones ir al aumento de capital y seguir financiando compañías cuyos principales ejecutivos enfrentan cargos por vulnerar la ley de valores por, según la acusación, usar justamente este tipo de operaciones para beneficio propio? ¿O deberían abstenerse de participar de la operación con todas las consecuencias económicas que eso significa?
La decisión es tremendamente difícil. De hecho, para evitar tener que tomarla, hay un grupo importante de accionistas minoritarios que está preparando undocumento para solicitar a la autoridad que deje sin efecto lo acordado en las juntas de accionistas y suspenda el aumento de capital. En él sostienen que la información disponible sobre el patrimonio de las sociedades es insuficiente y presenta inconsistencias, que todavía no saben si de haber sanciones contra los presuntos responsables, ello generará contingencias (gastos) para las sociedades y que por lo tanto no están en condiciones de tomar una decisión responsable.
En las juntas de accionistas que aprobaron las operaciones, las AFP fueron especialmente duras respecto de esta situación.
El fiscal de AFP Provida, Andrés Veszpremy, fue claro en decir qué estaba pidiendo: un informe elaborado por el economista Erik Haindl, que el directorio de Norte Grande utilizó como base para proponer las operaciones. "Esperamos que de prosperar el aumento de capital, la información que el directorio ha considerado esencial para proceder sea divulgada en el prospecto de emisión", señaló en esa ocasión.
El superintendente Fernando Coloma dijo, tras asistir a la Comisión de Trabajo del Senado para hablar sobre el caso Cascadas, que "en los aumentos de capital somos extremadamente celosos con los estados financieros", pero se mostró en desacuerdo con el hecho de que una empresa, sus controladores o su parte dirigencial "esté cuestionada por algún aspecto, signifique que deba paralizarse en todas sus dimensiones. Hay cosas que pueden convivir simultáneamente".
Tienen casi US$91 millones invertidos
Son aproximadamente US$25 millones los que les correspondería colocar a las AFP, según el porcentaje de la propiedad que tienen en cada una de las sociedades (14,7% en Oro Blanco y 8,8% en Norte Grande). Hoy tienen invertidos casi US$91 millones en ambas.
Sin embargo, como la onda expansiva luego del estallido del caso alcanzó hasta al Presidente de la República -según la defensa de Julio Ponce todavía tendría acciones en las cascadas-, el tema también se ha tornado político y algunos parlamentarios han cuestionado las inversiones que las AFP tienen en esas sociedades.
Por lo mismo, acudir a los aumentos de capital les abriría un flanco adicional de críticas por no velar por la seguridad de los fondos, uno de sus mandatos, que ya ha puesto en tela de juicio a las AFP por haber invertido en esas sociedades.
El otro riesgo que ven en el mercado de que las AFP vayan al aumento de capital es que una vez puesto el dinero, el precio de las acciones caiga a medida que se vayan conociendo nuevos antecedentes del caso y que eventualmente se apliquen sanciones que ratifiquen que la administración de las sociedades no está preocupada de hacer buenos negocios para todos los accionistas, sino sólo para sus controladores. El temor de que esos títulos se desvaloricen todavía más es un freno importante.
Si no van perderían US$1,7 millones
Pero, si deciden no poner más dinero en las cascadas de Julio Ponce, también se verán en problemas.
Uno de ellos es que perderían la capacidad de elegir por sí mismas un director en Oro Blanco, que si bien no tiene la capacidad para revertir decisiones del controlador, al menos puede exigir que quede registrada en acta su opinión y eventual disconformidad frente a algunas de ellas.
Si las AFP no suscriben el aumento de capital de Oro Blanco, su participación disminuirá desde el 14,7% que tienen actualmente a 11,7%, porcentaje insuficiente para asegurarse un sillón en el directorio: se necesita al menos un 12,5%.
Además, según cálculos realizados por agentes del mercado, la valorización de su porcentaje bajaría desde US$63,8 millones a US$62,4 millones.
Y aunque en Norte Grande no les alcanza para elegir por sí solas a un director, su participación también se vería reducida desde el 8,8% actual a 7,3% después del aumento. Ese porcentaje disminuiría su valor desde US$27 millones al día de hoy, a US$26,7 millones.
En total, serían US$1,7 millones que las AFP estarían dejando sobre la mesa, contraviniendo así el otro de sus principales mandatos: la rentabilidad.
