Mientras Chile tiene varios megaproyectos entrampados por polémicas medioambientales, el país europeo quiso mostrar a empresarios y altos ejecutivos, representantes de centros de estudio y de ONG chilenas cómo ellos han enfrentado este desafío. Conocieron in situ diversas iniciativas que los dejaron reflexionando: mayor participación, aun a riesgo de más tiempos de tramitación, y medidas impositivas locales, entre las opciones para discutir de vuelta al país.
En Suiza, los trenes pasan en el minuto señalado. Sus US$82 mil per cápita les permiten destinar US$ 4 mil millones al año en subsidios para el transporte público. Su democracia directa los lleva a votar al menos 4 veces en 365 días, y tienen la madurez cívica para decir "No" cuando se plebiscitó elevar a seis las semanas legales de vacaciones.
Otra cultura... y recursos. Pero desde ese país europeo, miran atentos cómo Chile enfrenta la tensión entre medio ambiente y desarrollo, y por lo mismo decidieron mostrar in situ el "modo suizo" para hacer frente a este dilema: el gobierno invitó a un grupo de empresarios, ONGs y miembros de centros de estudio chilenos a conocer proyectos concretos que han enfrentado trabas medioambientales en esta nación de 7,5 millones de habitantes... y el modo en que se enfrentaron.
Francisca Rivero (Fundación Avina), Bernardo Larraín (Colbún), Víctor Hugo Puchi (AquaChile), Diego Hernández (Antofagasta Minerals), Luis Larraín (Libertad y Desarrollo), Jorge Rodríguez (Cieplan), Rodrigo Jordán (Vertical) y Ricardo Bosshard (WWF Chile), entre otros, integraron la comitiva. ¿Cuáles son algunos de los elementos del modelo suizo que dejaron reflexionando al grupo de chilenos?
MORALEJA 1: PARTICIPACION
En 1291, tres comarcas en Los Alpes se unen con objetivo defensivo y se irán sumando más zonas (cantones) con los siglos. Así, en alianzas voluntarias de base, se construye este país. Una historia de participación que cristaliza en uno de los pocos ejemplos actuales de democracia directa: en el siglo XIX ya se permite que los ciudadanos puedan aceptar o rechazar una ley aprobada por el Legislativo e incluso proponer un cambio constitucional que -de aprobarse en un plebiscito- se incorpora a su Carta Magna.
Con el concepto "participación" en su ADN, pueden consensuar una inversión de 8 mil millones de euros para construir el túnel ferroviario San Gotardo -que cruzará 57 kilómetros de Los Alpes, la obra de este tipo más larga del mundo que se inaugurará en 2016-, en diversos procesos eleccionarios por los cuales decidieron reducir el tráfico de 1,3 millón de camiones que cruzan Los Alpes al año en el eje Alemania-Italia.
Los suizos trasladaron al grupo de chilenos al medio de Los Alpes, para mostrarles un proyecto sin consenso total aún: una central hidroeléctrica quiere elevar en 23 metros su represa en el Lago Grimsel, para estrujar el potencial eléctrico de la cuenca, aunque las ONGs quieren aclarar si las zonas afectadas están protegidas o no por la Constitución.
El secretario general del área de construcción, transporte y energía del cantón de Berna, Christian Albrecht , explicó a los chilenos que, antes de tramitarse las autorizaciones, la ley contempla un año de conversaciones con autoridades, localidades y ONGs acreditadas: "Nunca las negociaciones pueden reemplazar los procedimientos formales, pero facilitan los proyectos", resumió.
Es la misma filosofía que se aplicó para impulsar una nueva villa alpina de lujo. Hasta allá también trasladaron a los chilenos, que escucharon de sus gestores cómo demoraron 7 años en desarrollar la inversión, en un proceso en que se interactuó con las comunidades y ONGs, presentando "de nuevo, de nuevo y de nuevo los ajustes", hasta que "al pedir el permiso estaba prácticamente todo consensuado". Y aunque la comunidad aledaña votó sí al proyecto, hay ONGs que alertan por los efectos de ampliar las zonas de esquí.
"Etapa de prefactibilidad" se denomina esta cocina previa : se definen los actores y plazos de este diálogo.
El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, sacó moralejas para Chile: "Permite hablar de un proyecto que aún no se detalla ni materializa, a modo de pre-testeo de voluntades y problemas. Si bien puede traducirse en más tiempo de desarrollo, minimiza riesgos posteriores: Atrasos, problemas jurídicos".
-¿Aplicable en Chile?
-Tiene sentido con proyectos de envergadura, según montos o impactos geográficos.
Coincide con él la representante en Chile de la Fundación Avina, Francisca Rivero : "La participación temprana es aplicable en Chile, especialmente para proyectos relacionados con industrias extractivas, energéticas, etc. No requiere cambios legales, podría ser gradual, y permitiría que, antes de que las iniciativas definan su ingeniería y detalles, autoridades, municipios y comunidades, conversen y se dé una construcción paulatina del proyecto, con ajustes... No entraría, como hoy, ciego al Sistema de Evaluación Ambiental".
MORALEJA 2: DEFINIENDO ACTORES
Tanto estas etapas de pre-factibilidad, como el proceso de aprobación mismo -el cual en Suiza han buscado simplificar, generando mejores coordinaciones de las entidades públicas-, tienen bastante reglamentado quiénes participan.
"Para evitar oposiciones que afectaran el desarrollo del país, se establecieron ciertas reglas para la participación de las ONG: requisitos de tiempo de existencia de estas agrupaciones, por ejemplo. La ley específicamente entrega un rol a las ONG, pues los suizos otorgamos gran importancia al medio ambiente. Respecto a los particulares, tienen derecho a participar los vecinos. ¿Y qué se entiende por ellos? Los propios tribunales han ido definiéndolo", explica el profesor Peter Haenni, director del Instituto de Federalismo de Friburgo.
Para Bernardo Larraín , todo lo que redunde en plazos más ciertos de tramitación de los proyectos, así como acotar los riesgos de judicialización, son experiencias interesantes. "En parte en Suiza esto se logra permitiendo que sólo la ONG que participó en el proceso desde el inicio tiene la facultad para presentar recursos judiciales por materias no resueltas durante el proceso. También lo pueden hacer partes directamente afectadas. Sin embargo, conocimos tanto experiencias positivas como negativas en el caso de proyectos que de todas formas tuvieron procesos de judicialización extensos".
El representante en Chile de la ONG WWF, Ricardo Bosshard , destaca que agrupaciones como las suyas en Suiza cumplen un rol formal al debatirse los grandes proyectos, lo que obliga a que " las ONG se acrediten, básicamente demostrando que tienen la capacidad técnica para esta discusión, además de una trayectoria demostrada (10 años). Esta participación, por cierto, les da derechos, pero también deberes y responsabilidades, entre éstos, por ejemplo, el ir a tribunales".
-¿Y cómo es la realidad en Chile de las ONG?, le preguntamos a Francisca Rivero.
-Acá hay una amplia variedad de ONGs: están las que se oponen a todo proyecto de desarrollo, otras más nuevas y con poca experiencia, a lo que se suma una sociedad civil menos organizada. Si quisiéramos paulatinamente incorporar esta mirada al hablar de participación, se debería pensar en un mecanismo de acreditación o registro que clasifique según temas, experiencias... Así como somos exigentes con el trabajo de las empresas, hay que serlo con el de las ONG también.
MORALEJA 3: GANCHO IMPUESTOS
En Chile, es común oír a comunidades quejarse de que el beneficio de ciertos proyectos será para el país... dejando en la zona perjudiciales efectos económicos y medioambientales. Por eso, nuestra legislación contempla un esquema de compensaciones: La empresa negocia con los locales mecanismos que amortigüen estos perjuicios.
En Suiza, en cambio, la empresa debe mitigar los daños (si afectará determinados ecosistemas, debe reemplazar en otra zonas los mismos). El presidente del partido liberal de Berna, Adrian Hass, coincide en que un mecanismo de compensaciones podría traducirse en una especie de remate de ofertas para ganarse la voluntad de las comunidades.
¿Cómo Suiza articula este beneficio local? La respuesta se explica en su forma de organización política: los cantones y municipios se quedan con más del 80% de los impuestos (el remanente va a nivel federal).
El consejero cantonal de Uri, Urban Camenzind , resume los beneficios que traería a su zona el tren bajo los Alpes: "Mejores conexiones ferroviarias, menores tiempos de viaje, más trabajo e impuestos por esta actividad económica".
El fenómeno hizo click en varios chilenos asistentes: "Casi por definición -reflexiona Jorge Rodríguez, de Cieplan -, hay proyectos que generan beneficios nacionales, pero provocan costos locales. Y eso, además de ser injusto -no se puede pretender que una comunidad vaya al "sacrificio" por el resto del país-, afecta la viabilidad del proyecto. La ley en Chile no contempla que las comunidades locales sean también ganadoras en este concepto... Hay que avanzar en ese proceso: Se abre un abanico de posibilidades donde no descartaría lo tributario , de tal modo que grandes proyectos dejen impuestos en el o los municipios donde se producen las inversiones".
Luis Larraín (Libertad y Desarrollo) valora el modelo impositivo suizo, pues permite "que las comunidades locales aprueben los proyectos con abrumadoras mayorías obtenidas en referéndums. En Chile sería muy positivo lograr esa identificación, pero no somos un Estado federal y un cambio así no se hace de la noche a la mañana... Aun así podemos avanzar mucho si parte de la recaudación tributaria de un proyecto queda en la región y en la comuna ".
MORALEJA 4: DILEMA DE LOS TIEMPOS
Aunque los suizos intentan disminuir la burocracia de sus tramitaciones ambientales, lo cierto es que en total los procesos se demoran de 5 a 8 años en todo este camino, considerando esta participación.
-¿El empresariado chileno deberá asumir que requerirá más tiempo para desarrollar sus proyectos si quiere el sí de la comunidad?, preguntamos a Víctor Hugo Puchi (AquaChile).
-Hay que hacer un esfuerzo por planificar más a futuro. Chile tiene reglas estables, lo que permite proyectarse con anticipación y permitirse así mejorar los procesos de participación...
Rodrigo Jordán coincide en que alcanzar más participación de las comunidades en la definición de los proyectos en Chile requiere de un aprendizaje. " Estos procesos requieren más tiempo, pero en la gran mayoría de los casos que hemos visto, aunque pueden parecer más caros, a la larga es mejor, porque se pueden minimizar los conflictos y el proceso en sí mismo sale mejor".
