Nadie discute que Latinoamérica y el Caribe necesitarán más recursos para financiar las futuras pensiones de sus habitantes, logrando cobertura universal y beneficios que erradiquen la pobreza en la vejez. El problema es cómo hacerlo. En su reciente libro "Mejores pensiones, mejores trabajos", el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pasa revista a las opciones de financiamiento y plantea una poco convencional: usar el IVA.

La medida implica vincular una parte de la recaudación del IVA con el financiamiento del sistema previsional, especialmente la pensión universal y los subsidios estatales a los aportes previsionales de algunos grupos (como el subsidio al empleo juvenil en Chile). Así, se podría elevar la tasa de ese impuesto destinando la mayor recaudación al sistema previsional, y paralelamente rebajar las cotizaciones obligatorias.

Ya existe experiencia al respecto, agrega el libro, ya que Australia, Dinamarca y Nueva Zelanda tomaron esta medida hace décadas y recientemente algunas economías de Europa (Alemania, España y Francia) la adoptaron en forma temporal como respuesta a la crisis.

"De esta forma se compensaría el carácter regresivo de este impuesto, se reforzaría la relación entre el pago de impuestos y el uso de esos ingresos y se favorecería una gestión de los recursos más responsable, al limitar la extensión de los beneficios a la recaudación disponible", precisa.

Una opción para incrementar la recaudación de este gravamen es el denominado "impuesto al valor agregado (IVA) personalizado", por el que se eliminarían las numerosas deducciones y los demás gastos tributarios existentes en este impuesto en la región y se compensaría a los deciles más pobres con transferencias directas", indica el texto.

Agrega que diferentes análisis para Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Uruguay revelan que esta medida, combinada con ligeras modificaciones en las tasas en algunos casos, permitiría recaudar entre uno y dos puntos del PIB para el financiamiento de la reforma previsional. Además, se anularía una fuente de regresividad y opacidad en el presupuesto público.

El texto recuerda que la literatura especializada sostiene que la decisión de sustituir cotizaciones sociales por impuestos al consumo podría tener efectos positivos sobre el nivel de empleo formal y la competitividad de la economía.

Citando la investigación de Bird y Smart (2011), explica que la base impositiva del IVA es mayor que la de las cotizaciones sociales, debido a que grava los beneficios empresariales.

Así, el IVA permite recaudar los mismos ingresos que las cotizaciones sociales, pero a una tasa impositiva legal más baja, reduciendo de paso las ineficiencias creadas por el sistema impositivo.

Los autores muestran que una reforma fiscal neutral en términos de recaudación, que incluya el aumento de la tasa del IVA y la rebaja de los aportes previsionales de los trabajadores y de las empresas, "abriría la posibilidad a un aumento del tamaño de la economía (y del empleo) formal y a un mayor nivel de los salarios reales".

De paso, esto permitiría reducir los costos laborales de contratación de las empresas y además ampliar la base ya que el IVA pagado sobre los productos exportados es devuelto.