Expertos concuerdan con los lineamientos entregados por el ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, orientados a subir el ahorro previsional, aunque algunos sostienen que el daño para los afiliados de menores ingresos y más antiguos ya está hecho. Conforme a ello, proponen un mayor subsidio del Estado.
El gobierno de Sebastián Piñera se la juega contra el tiempo para diseñar una propuesta de reforma previsional antes de que expire su mandato. En este afán, la promesa del ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, es que "próximamente" (sin precisar cuándo) culminará la preparación del proyecto de ley para ingresarlo al Congreso.
Sin embargo, a medida que las campañas para las elecciones de noviembre avanzan a mayor velocidad, la pista para este tipo de iniciativas se pone más difícil. Así y todo, el ministro Jobet esbozó los lineamientos que tendrá la propuesta de reforma previsional del Presidente Piñera: incremento de la cotización obligatoria en al menos tres puntos base; aumento en la edad de jubilación; y ampliación de la base de ingreso imponible para deducir el descuento de ahorro previsional.
Expertos consultados por "La Segunda" adelantaron que de concretarse estos tres cambios, las pensiones futuras podrían subir entre 30% y 84%. Ello dependerá de si los afiliados a las AFP mantienen la regularidad de ahorro durante todo su periodo como trabajador activo. Los más beneficiados serían los trabajadores que recién se incorporan al mundo del trabajo, no así los que acumulan dos o más décadas de antigüedad en el sistema. Y, una vez más, las mujeres estarían entre las menos beneficiadas: Dado que ellas tienen una expectativa de vida mayor que los hombres, la base de ahorro para el cálculo de su pensión debe dividirse por una mayor cantidad de años.
El Gobierno puso el pie en el acelerador para fundamentar la eventual reforma, encargando dos estudios clave: uno para determinar con mayor precisión el comportamiento futuro del fondo de reserva de pensiones (FRP) y otro para analizar el impacto que tendría en el sistema de pensiones y en el mercado laboral el incremento de la cotización obligatoria. El primero fue adjudicado a un equipo de trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez y el segundo... Se declaró desierto.
El director del equipo de trabajo para estudiar la evolución del FRP, Eduardo Fajnzylber, dijo a "La Segunda" que el informe final debe ser entregado en diciembre y la meta es determinar con qué volumen de recursos contaría el Estado para hacer frente a las demandas de mejoras previsionales futuras. Explicó que con este fin se requiere realizar una serie de proyecciones económicas y simulaciones etarias y demográficas.
En tanto, respecto del segundo estudio, hasta esta semana se mantenía la incógnita de qué hacer para apurar su ejecución. De haber prosperado la etapa de presentación de propuestas fijado hasta el 9 de agosto pasado, el contrato debía adjudicarse en los primeros días de septiembre. Estaba previsto que el informe final se entregara en diciembre.
Preparativos para la reforma
La fallida convocatoria realizada por la Subsecretaría de Previsión Social tiene su explicación en las exigentes tareas y objetivos frente a un monto reducido de remuneración para el equipo que se lo adjudicara ($30 millones). Y, lo que es peor, el plazo para la preparación de las bases de postulación fue muy corto, de apenas dos semanas.
No obstante estas dificultades, los equipos técnicos del Ministerio del Trabajo seguían concentrados en sacar a la luz cuanto antes el nuevo proyecto de reforma, manteniendo mientras tanto el sigilo sobre otros alcances que -se dice- complementarán los tres lineamientos anunciados por el ministro Jobet.
El profesor de la Universidad Diego Portales, Rubén Castro, sostiene que para una reforma previsional de esta envergadura, "se requiere la participación de un equipo multidisciplinario y de un largo trabajo que aborde las distintas visiones técnicas, antes de formular una propuesta legislativa". Recordó que la última gran reforma que se hizo, en 2008, estuvo precedida por el trabajo de una comisión de expertos (encabezada por Mario Marcel), que permitió arribar a un consenso de propuestas transversales, como paso previo a la discusión legislativa.
Según el profesor Castro, si bien estas reformas pueden estar alentadas por demandas de corto plazo (la principal es mejorar las pensiones que entregan las AFP), "se trata de medidas que afectan las políticas públicas en el largo plazo y, por lo tanto, exceden con creces los puntos de vista de un gobierno en particular". Agrega que "hoy no se observa una orientación hacia el logro de una propuesta transversal, con visión de largo plazo, tal como la que motivó la reforma de 2008".
Una opinión similar tiene el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Eduardo Fajnzylber, quien subraya que este tipo de reformas tienen efectos en las políticas públicas de largo plazo. Sin embargo, encuentra razonables las propuestas esbozadas por el ministro Jobet, porque apuntan a solucionar el problema central, que es aumentar el ahorro previsional. Es más, estima que elevar la cotización obligatoria al 13% puede resultar insuficiente y se inclina por una tasa de 15%. Pero no más que eso, "porque una tasa más alta puede llevar a la gente a tratar de eludir este descuento obligatorio y moverse hacia la informalidad". Junto con ello, propone que en los casos de trabajadores de bajos ingresos, la exigencia de la cotización obligatoria debiera ser compensada con otro tipo de ayudas.
En este sentido, señala que debiera estudiarse la posibilidad de que junto con elevar la cotización obligatoria, se analice la posibilidad de efectuar rebajas por otros lados, como por ejemplo, del seguro de cesantía, "de modo de no perjudicar a los trabajadores de menores ingresos".
Más subsidios
De no ser posible la reducción de otros descuentos obligatorios, Fajnzylber plantea que "derechamente debiera pensarse en algún tipo de subsidio estatal para financiar parte del incremento en la cotización obligatoria".
Por su parte, Rubén Castro estima que el aumento de la cotización obligatoria a 13% es adecuado y que por simple deducción aritmética, debiera producir un incremento lineal de 30% en el ahorro promedio de los afiliados, con un efecto similar en sus futuras pensiones.
A su juicio, un aumento mayor "podría entenderse como un impuesto por parte de los trabajadores que perciben bajas remuneraciones".
Respecto de la propuesta de aumentar la edad de jubilación, el académico de la UDP sostiene que debiera hacerse de manera gradual, entre otras cosas, porque "no parece razonable que a los cotizantes actuales se les cambie las reglas del juego y se les diga que deberán esperar dos o tres años más para jubilar si, entretanto, este tiempo adicional de cotización no será suficiente para resolver el problema de fondo".
Castro explica que el problema de las bajas pensiones que se proyectan está asociado al bajo ahorro que presenta una elevada proporción de afiliados a las AFP. Por una parte, debido a sus bajas remuneraciones y a las lagunas por cesantía; y por otra, a la falta de una cultura del ahorro de los trabajadores independientes. En referencia a esto último lanzó una crítica de fondo a los creadores del sistema:
"Cuando se hizo el cambio del sistema de reparto al sistema de capitalización individual, a comienzo de los años 80, se cometió el error de no considerar a los trabajadores independientes y como una forma de promover las ventajas del nuevo sistema respecto del antiguo, se redujo drásticamente la cotización obligatoria a 10%. Como hemos visto, los más perjudicados han sido los trabajadores de bajos ingresos y las mujeres, que son los que hoy presentan el menor volumen de acumulación", dice Castro.
Del problema de los trabajadores independientes se hizo cargo la reforma de 2008, obligándolos, a partir de 2015, a destinar parte de sus ingresos legales (contabilizados mediante boletas de honorarios) a cotizar. Si no lo hacen de manera voluntaria, el Estado le retendrá parte de la devolución anual de impuestos.
Una generación dañada
Rubén Castro sostiene que existe una generación entera dañada por el nuevo sistema, de la cual debiera hacerse cargo el Estado, "con más subsidios o con aportes del pilar solidario".
En tanto, el ex superintendente de AFP Guillermo Larraín sostiene que para el caso de los afiliados más antiguos al sistema, los aumentos en la cotización obligatoria y de la edad de jubilación, no resuelven el problema de las bajas pensiones que se proyectan. Esto sobre todo para los trabajadores que sufrieron parte de la crisis económica de los años 80. A juicio de Larraín, el sistema "no está preparado para resistir shocks de desempleo y de lagunas previsionales que éste genera, sobre todo en la etapa inicial de acumulación".
En un seminario organizado por la Universidad Católica, el pasado martes 27, Larraín propuso que en una nueva reforma se debieran tomar medidas para reducir los riesgos que provocan los shocks o crisis económicas en los trabajadores, "como también los efectos que generan las mayores expectativas de vida, que impactan a la baja las pensiones finales". Frente a este tipo de riesgos, Larraín sostiene que el Estado tiene un rol ineludible. Mientras el Gobierno avanza en su propuesta de reforma, los expertos se mantienen expectantes a las novedades que ésta incluya, porque más allá del consenso que ya provocan los tres lineamientos básicos entregados por el ministro Juan Carlos Jobet, esperan que sus aportes sean al menos escuchados, tal como ocurrió en 2007 y 2008, con la comisión Marcel.
