Julio Ponce, de Sqm.
Esta nueva arista del caso partió el pasado 2 de mayo, cuando Raimundo Labarca, Alejandro Parodi y Alvaro Jofré, en representación de Norte Grande, solicitaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) un amplio conjunto de antecedentes respecto de la investigación que lleva adelante la entidad y que involucra tanto a esa firma como a otras coligadas.
La solicitud fue rechazada por la SVS, argumentando la necesidad de mantener en reserva dichos antecedentes. Por esta razón, los abogados de la empresa de Julio Ponce acudieron al Consejo para la Transparencia, buscando revertir la decisión de la entidad que encabeza Fernando Coloma.
Los datos solicitados y la negativa de la SVS
Los antecedentes solicitados por Norte Grande incluyen, primero, a las denuncias, solicitudes de fiscalización o requerimientos de inicio de investigación o aplicación de sanciones formuladas a contar del 1 de enero de 2012 en contra de las sociedades Norte Grande, Sociedad de Inversiones Oro Blanco, Sociedad de Inversiones Pampa Calichera y/o Potasios de Chile, o que se refieran a operaciones en las cuales cualquiera de éstas hubieren intervenido o participado, así como también resoluciones, oficios o cualquier acto administrativo pronunciado o ejecutado por la SVS sobre estas mismas materias.
En segundo lugar, pidieron todos los antecedentes que a contar de la misma fecha se hayan incluido en los expedientes o carpetas investigativas que se hayan abierto respecto de las sociedades indicadas.
Por último, también solicitaron un listado del sistema informático de gestión y seguimiento de reclamos de la SVS, que individualice todas las presentaciones y actuaciones realizadas con motivo de denuncias o investigaciones instruidas a contar del 1 de enero de 2012 en contra de las sociedades antes indicadas.
La SVS rechazó entregar estos antecedentes por estimar la existencia de dos causales que imponen la necesidad de mantenerla en reserva. Primero, habría dicho la SVS, los antecedentes se refieren a indagaciones en curso respecto de eventuales infracciones y/o delitos, y por lo tanto su divulgación previa a que se adopte una decisión sobre la existencia o no de eventuales infracciones podría entorpecer el desarrollo de la función fiscalizadora de la Superintendencia.
Y segundo, porque la información pedida contiene antecedentes referidos a terceros que se mencionan en la investigación, cuya divulgación podría afectar ya sea la presunción de inocencia de algunos de ellos; sus derechos de carácter comercial o económico, y el derecho a la protección de sus datos personales. Dichos terceros que podrían ser afectados serían: denunciantes, denunciados, personas que han prestado declaración ante el organismo y corredores de bolsa, dice la SVS.
Fue ante este rechazo que Norte Grande presentó el pasado 14 de junio un amparo ante el Consejo para la Transparencia, reclamando la decisión de la SVS. El caso se encuentra en pleno análisis por parte del Consejo.