Las entidades financieras estarán obligadas a consultar a los clientes antes de subir los costos de productos financieros como tarjetas de créditos. El presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, pidió una reunión con el superintendente Raphael Bergoeing.
El 30 abril pasado -una semana después de conocerse el fallo de la Corte Suprema en el caso Cencosud- la autoridad publicó en su página web un comunicado que tituló " Sbif continúa proceso de cambios para adecuar sus normas a Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores", documento que modifica 12 capítulos de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN).
Fuentes del sector indican que la principal modificación que deberán asumir los bancos tras esto es pedir la manifestación de voluntad de sus clientes cuando una entidad decida aplicar alzas en los cobros de algunos productos financieros.
Antes del cambio, los bancos sólo estaban obligados a informar estos ajustes con 60 días de anticipación sin necesitar el consentimiento de sus clientes.
A modo de ejemplo, si un banco aumentaba los costos de las tarjetas de crédito y un cliente utilizaba el producto, se interpretaba tácitamente la manifestación de voluntad (o aceptación) del cliente. Este hecho, es similar a lo sucedido con el caso de Cencosud, que fue condenado a devolver a los consumidores el alza unilateral cobrada a sus clientes.
En todo caso, fuentes del sector señalan que pese a la derogación de esta norma, desde antes existían procedimientos y condiciones que protegían a los clientes de la industria en el caso de que estos quisieran cerrar un producto.
Awad: "Pedimos una audiencia con Bergoeing"
Al interior de la banca existe preocupación por el impacto comercial que podrían suponer estas modificaciones anunciadas por la Sbif.
El presidente de la Asociación de Bancos (Abif), JorgeAwad se mostró preocupado por las nuevas modificaciones y solicitó una audiencia con el Superintendente de Bancos.
"Efectivamente hay un reordenamiento de las RAN y por ese motivo nosotros estamos pidiendo una audiencia con el superintendente Bergoeing porque nos gustaría que nos especifique la operatividad de estas normas".
A raíz de los casos Cencosud y BancoEstado no son pocos los actores de la industria financiera que han manifestado su preocupación. De hecho, altas fuentes del sector advierten la existencia de una "incertidumbre jurídica" ya que hay actores que se regían por las normas de la Sbif y del Sernac que luego han tenido que someterse a los dictámenes de la Corte Suprema.
"De qué sirve seguir regulando vía circulares si luego no hay certeza legal", señala una fuente.
Cambios en cuentas corrientes, giros y cheques
El documento en cuestión además contiene modificaciones en la Ley sobre cuentas corrientes y cheques.
Los bancos no podrán cobrar comisiones distintas a las relacionadas con el manejo de una cuenta corriente, por ejemplo, por efectuar depósitos y giros de cheques o por el uso del cualquier otro medio, incluido los electrónicos.
Tampoco podrán cobrar por la entrega de estados de saldos, talonarios de cheques, por órdenes de no pago o por el número de protestos, entre otros aspectos.
"Para las demás operaciones que no sean propias normales de la cuenta, las partes podrán pactarlos o excluirlos del producto contratado y su remuneración podrá ser pactada por cada evento, tales como la remisión de talonarios a domicilio", señalan los cambios introducidos por la Sbif.
Los giros que hacen los usuarios del sector también sufrieron modificaciones. En ese sentido, la Sbif prohibió el "cobro de una comisión por un sobregiro accidental en la cuenta corriente, no pactado previamente, causado por el pago de un cheque o por un cargo efectuado a ella".
Los cambios también incluyen más información en las sucursales bancarias, ya que el documento de la Sbif señala que "los bancos deberán informar en sus oficinas y en su sitio web las tarifas y otros cobros asociados a los diferentes productos y servicios de carácter masivo que ofrezcan, como las cuentas corrientes, sobregiros de éstas, depósitos a la vista o cuentas de ahorro".
Agrega que para "cada producto o servicio que se ofrece debe especificarse claramente la tarifa vigente, oportunidad de cobro, las condiciones y costos asociados, de tal forma que el cliente pueda efectuar comparaciones entre los valores cobrados por las distintas instituciones".
Puntualiza que la información debe estar debidamente actualizada, clara, explícita y de fácil comprensión, "de modo de evitar que sus textos puedan generar confusiones o interpretaciones incorrectas".
