Ministro Joaquín Lavín aseguró que el Ingreso Ético Familiar -ya en plena operación- corrige las observaciones del organismo al incorporar el bono al trabajo de la mujer.
Los programas de transferencias condicionadas de ingresos (PTC) "no constituyen mecanismos útiles para promover la participación económica de las mujeres, en particular su inserción en el mercado laboral", afirma el último informe del Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal.
El estudio -titulado "Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres"- señala que estas políticas "perpetúan una organización del cuidado en la sociedad basada en el trabajo no remunerado de las mujeres, que es una de las causas de la desigualdad económica de género".
Y es que desde su puesta en marcha en la región, los PTC se orientan mayoritariamente a las mujeres, ya que en la mayoría de países conceden ingresos para educación y salud de los niños a través de sus madres. Varios de estos programas de transferencias combinan un aporte monetario con la exigencia de contraprestaciones familiares y en algunos casos cuentan con un sistema de sanciones ante incumplimientos de los compromisos contraídos: asistencia escolar y control de salud de los niños, niñas y adolescentes.
El informe señala que estos programas representan para muchas mujeres la primera fuente de ingreso estable y comportan una retribución mensual de la que de otro modo carecerían. Además, este beneficio monetario es considerado por las mujeres como propio y, en este sentido, consolida su posición en los procesos de toma de decisión en el hogar. Sin embargo, destaca que presentan a la mujer como madre, no como persona con derecho propio a la protección social, y refuerzan la idea socialmente construida de que el cuidado es una responsabilidad natural de las mujeres.
El informe indica que los PTC conllevan para las mujeres exigencias suplementarias en cuanto al uso del tiempo. "El cumplimiento de las condicionalidades exige una mayor dedicación por parte de las mujeres, que deben tramitar los certificados de asistencia a la escuela y los controles de salud de sus hijos", señala.
Por otra parte, el motivo más frecuente de finalización de la transferencia es que los hijos e hijas han cumplido la edad máxima permitida para participar en el programa. "Esto puede ser problemático para las mujeres, que pueden pasar años recibiendo los bonos sin poder generar vías alternativas de participación económica", acota.
El caso de Chile
Al analizar los programas de transferencias condicionadas que existen en nuestro país, este estudio -que no incorpora el impacto del Ingreso Etico Familiar- señala que si bien en la región el Chile Solidario es el programa que más promueve la inserción, aún es insuficiente. "En él se contempla el acceso a una oferta de cuidados para facilitar a las mujeres esa inserción", acota.
El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, defiende el programa de transferencias condicionadas estrella de este gobierno y asegura que el Ingreso Ético Familiar no tiene efectos en la incorporación de la mujer en el mercado del trabajo.
"El Ingreso Etico, que es el programa que reemplazó al Chile Solidario, ya está en plena operación desde febrero y corrige cualquier situación como la planteada por la Cepal. Y es que tiene un elemento nuevo que es el bono al trabajo de la mujer, que un incentivo por logro para la mujer vulnerable que obtenga un trabajo", señala.
Precisa que si la mujer vulnerable obtiene un empleo, el Estado bonifica su sueldo con un subsidio del 20% de la remuneración con un tope de $34 mil mensuales. "Esto ya está en plena vigencia y esa una palanca muy importante para incentivar el trabajo de la mujer", acota.
Explica que este "instrumento para incentivar el trabajo femenino es perfectamente compatible con la mantención de los bonos por educación y salud, porque estimamos que es clave que la familia se proyecte a futuro y los hijos estén asistiendo al colegio, tengan un buen rendimiento escolar y cuenten con las vacunas de salud".
El Ingreso Etico es un beneficio que actualmente reciben cerca de 150 mil personas, con un promedio de $50 mil mensuales, dependiendo del cumplimiento de los bonos.
