De los cuatro cuadernos que abrió el juez que lleva la causa, Patricio Villarroel, aún está pendiente el principal y el de triangulaciones. Hasta ahora, Corfo sólo ha podido recuperar $10 mil millones de los cerca $84 mil millones que le sustrajeron en 2003.
El 30 de enero de 2003, el Banco Central detectó una fuga de información desde el email de su entonces presidente, Carlos Massad. Los datos sobre decisiones de política monetaria eran enviados antes de hacerse públicos por una de sus secretarias, Pamela Andrada, al gerente de Inverlink Corredores de Bolsa, Enzo Bertinelli.
Dos días después, tras despedir a Andrada, el instituto emisor se querelló por cohecho y violación a la ley de delitos informáticos contra los responsables del robo de información.
Era sólo la punta del iceberg del escándalo financiero del siglo en Chile, cuyas implicancias fueron creciendo como una bola de nieve ladera abajo: robo de papeles a Corfo por $84 mil millones, soborno al operador de la mesa de dinero de la estatal, Javier Moya Cucurrella, y la paralización del mercado financiero -que obligó al entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, a buscar un acuerdo con el presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, para normalizarlo-, y que terminó por derrumbar el imperio que había construido Monasterio.
También provocó las renuncias del entonces superintendente de Valores y Seguros, Alvaro Clarke y del vicepresidente ejecutivo de Corfo y yerno del presidente de la República, Gonzalo Rivas. Aunque posteriormente fueron liberados de toda responsabilidad, también fueron sometidos a escrutinio público el ex ministro de Economía y de la Secretaría General de la Presidencia, Alvaro García, y el ex superintendente de AFP, Julio Bustamante, quienes habían sido fichados como ejecutivos de la compañía antes del escándalo.
Una década después el caso sigue tramitándose en tribunales. De los varios cuadernos que abrió el juez que lleva la causa, Patricio Villarroel, aún están pendientes, entre otros, el principal y el correspondiente a las triangulaciones de dinero.
El lento avance del proceso
¿En qué está la investigación? El cuaderno principal contiene los procesamientos más emblemáticos por malversación de caudales públicos, cohecho, sobornos, estafa, y fraudes contemplados en la Ley de Mercado de Valores y por infracción a la Ley General de Bancos.
Este proceso suma más de 60 querellantes: entre ellos, Corfo, la Superintendencia de Valores y Seguros, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Viña del Mar, el Colegio de Profesores, la Corporación de Ayuda al Menor y la Isapre Vida Plena.
El 30 diciembre de 2011, el ministro formuló cargos contra 21 personas y Corfo interpuso una acusación particular y una demanda civil el 26 de septiembre del año pasado, la que todavía no es notificada a los acusados.
El segundo cuaderno, también pendiente, contiene las triangulaciones de dinero.
Según explican en Corfo, ahí está el mecanismo ideado por algunos operadores del holding Inverlink con Javier Moya (ex jefe de la mesa de dinero de la corporación), con la participación de otros ejecutivos de entidades financieras, entre los que se cuentan el ex operador de la mesa de dinero de BBVA Corredores de Bolsa, Juan Pablo Prieto, y el ex gerente general de la misma entidad, Frank Leighton. "Consistía en vender instrumentos financieros requeridos por Inverlink a corredores filiales de bancos, para que luego fueran inmediatamente vendidos a Corfo. Junto con otras maniobras engañosas, Inverlink volvía a hacerse de los documentos vendiéndolos nuevamente", detallan en la estatal.
Agregan que este mecanismo sistemático de defraudación puso en marcha una "bicicleta financiera" en la que fue "vital" la participación de los ejecutivos de las corredoras filiales de banco.
En este proceso, Villarroel, a poco más de un año de terminar el período probatorio, estaría pronto a dictar el fallo en primera instancia en la primera quincena de febrero, según la información que ha recibido el actual fiscal de Corfo, Marco Riveros.
Otro cuaderno relevante es el de fondos mutuos, y se originó en una ampliación de la querella que Corfo presentó por los delitos contemplados en la Ley sobre Mercado de Valores (18.045).
En él consta que Inverlink requería en forma urgente fondos suficientes para pagar a los inversionistas que solicitaron el rescate de sus inversiones, por lo que Eduardo Monasterio nuevamente sobornó a Moya para obtener más fondos de Corfo.
La estatal relata que "tras el escándalo del Banco Central, las corredoras bancarias dejaron de realizar operaciones de triangulación, razón por la cual se realizó la sustracción física de los documentos, y dado que Inverlink se encontraba suspendida por la SVS, fueron liquidados por instituciones que se prestaron para dicha operación: CB Corredores de Bolsa y Sergio Contreras Corredores de Bolsa".
Esta causa continúa su tramitación.
Corfo también demandó civilmente, por $48.561 millones, a una serie de inversionistas que lograron recuperar recursos de Inverlink. Entre ellos, la Constructora ACS-Sacyr Chile S.A ($8.194 millones), la Mutualidad de Ejército ($6.200 millones), Inversiones Santa Cecilia Limitada ($5.035 millones), la Caja de Previsión de Defensa Nacional y la Compañía Chilena de Tabacos, entre otros.
Un tercer cuaderno es el del Banco Central, que se centró en la búsqueda de responsabilidades en el envío de información privilegiada de Andrada a Bertinelli.
El 9 de noviembre pasado, la Corte Suprema condenó a ambos por su responsabilidad como autores del delito de cohecho y por uso malicioso de información privilegiada. A ambos se les otorgó el beneficio de la libertad vigilada.
Otra arista que resolvió la Suprema fue la tributaria. En un fallo unánime, la Segunda Sala sancionó por la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas o falsas a Monasterio, Bertinelli, Schaffauser, y a Ignacio Wulf y Patricio Reyes, presidente y contador del directorio del holding, respectivamente.
Corfo: "Nadie puede estar satisfecho"
El actual fiscal de Corfo, Marco Riveros, señala que "nadie puede estar satisfecho porque un juicio de esta naturaleza se demore 10 años. Por el impacto público que provocó, obviamente debería haber sido resuelto mucho antes.
Sin embargo, "no perdemos la esperanza en que la justicia se ponga al día en esta materia y que obtengamos las indemnizaciones que creemos corresponden".
-¿Cuánto de lo perdido se ha recuperado?
-Se sustrajeron $84 mil millones y se han recuperado cerca de $10 mil millones. Si hay otros fallos favorables, podría subir a $48 mil millones. Monasterio es un delincuente comprobado. Su victimización es hipócrita, y su libertad, irritante.
En qué están sus principales actores
Pese a que éste fue el "robo del siglo", todos los ex ejecutivos del grupo actualmente se encuentran en libertad, tras pasar muy poco tiempo en prisión.
Según publicaciones de prensa y los últimos antecedentes públicos que se manejan, a sus 70 años Monasterio viviría en Viña del Mar (ver entrevista). Bertinelli se habría convertido en repartidor de mariscos.
Andrada estaría tratándose, a través de un plan piloto para pacientes de Fonasa, una esclerosis múltiple y Javier Moya viviría en un condominio en Peñalolén junto a su familia.
De los $74 mil millones que faltan... no hay rastros.
Carlos Massad: "Algo que perjudicó a todo el país no puede ser simplemente perdonado"Con el horizonte del tiempo, Carlos Massad -hoy dedicado a actividades de beneficencia y a directorios de empresas- mira con distancia el caso que lo obligó a renunciar al Banco Central.
No perdona y ve con preocupación la lentitud de la justicia en el caso que cambió su vida cuando descubrió que desde su computador, su secretaria personal, Pamela Andrada, enviaba información confidencial a Enzo Bertinelli.
-¿Cuál es su balance a 10 años de su salida del Banco Central?
-Estoy muy contento de haber estado en el Banco Central en momentos que logramos una política de metas de inflación, de tipo de cambio libre, con buena regulación y a lo cual se agregó luego el presupuesto equilibrado, que es la política que está vigente ahora. Es la primera vez en Chile que una política económica en sus aspectos principales sigue en vigor por 10 años. Y de eso me siento muy orgulloso.
-Se cumple una década también de un caso muy complejo: Inverlink.
-Bueno, fue un delito de una persona que trabajaba en mi oficina y que yo mismo descubrí. Por esa misma razón este caso fue particularmente doloroso.
La justicia se ha tomado un tiempo muy largo. Las demoras tienden al perdón y algo que perjudicó a todo el país no puede ser simplemente perdonado.
-¿En lo personal le afectó mucho?
-En lo personal sí, por supuesto.
-¿Qué lecciones le deja este caso?
-Es imposible que un delito no se repita. Todos quisiéramos que no hubiera asesinatos en Santiago, robos en casas y en cajeros automáticos, y a pesar de todos los carabineros y la PDI, siguen ocurriendo. No hay manera de evitar cuando alguien quiere cometer un delito. Los nuevos medios electrónicos permiten un grado de control algo mayor del que se tenía en mi época. Ahora es posible seguir cada computador, individualmente, y ver qué se está haciendo desde una central. Es mucho más fácil detectar tempranamente los delitos.
-¿Qué le parecen las sanciones que se han aplicado?
-Eso tiene que ver con la justicia.
