Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la asociación que reúne a distribuidoras y transmisoras, sostiene que "hoy estamos intentando comprar energía por US$130 MW/h -más del doble que hace seis años- y las licitaciones quedan desiertas".
Director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo.
"Todos los habitantes del Sistema Interconectado Central (SIC) estamos pagando un sobrecosto por la energía de más de US$ 100 MW/h, lo que es una locura como precio". Ese es el análisis del director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, agrupación que reúne a las compañías distribuidoras y de transmisión en el país, quien sostiene que este panorama impacta también en las personas.
Castillo dice que el actual sistema de transmisión "es extremadamente malo", y por eso valora el proyecto de carretera eléctrica pública enviado al Senado por el Ejecutivo, el que, señala, apunta en la dirección correcta de fortalecer el sistema, ya que de no tomar medidas al mediano plazo los clientes finales pagarán más en sus cuentas de la luz.
"Las deficiencias en transmisión no incentivan la competencia en generación, sino que, por el contrario, lo que hace es privilegiar aquellas formas de generación que ya estaban presentes e interconectadas o las basadas en combustibles fósiles en que existe la flexibilidad para instalarse en las cercanías del sistema troncal", explica, lo que provoca mayores costos en la generación
Además, afirma que "hoy día la transmisión se hace extremadamente ajustada, debido a un criterio economicista de minimización de costos de la transmisión, sin mirar la minimización del costo final de la energía".
Según Castillo, al sur de Charrúa, donde existen excedentes en agua para generación, se presentan valores en promedio de US$ 60 MW/h, "pero no podemos traer esa energía a la zona norte del SIC porque tenemos una congestión gigantesca en esa zona (...), eso nos obliga a generar en toda el área centro norte de forma ineficiente y contaminante, utilizando una gran cantidad de diésel y, evidentemente, mucho más caro. Al norte de Charrúa estamos generando a US$160 MW/h".
-¿Cómo impacta a los clientes residenciales la falta de holgura en la transmisión?
-Desde el punto de vista de los usuarios, el criterio economicista de la transmisión produce incertidumbre e incertezas y un servicio de menor calidad del que deberíamos tener de acuerdo a los estándares que la propia ley indica.
-¿Y en los precios?
-Al mismo tiempo, en el mediano y largo plazo la falta de competencia y de opciones para incorporar a la matriz energética unidades más eficientes tendría impactos. En el esquema de compras en Chile, las distribuidoras estamos obligadas a comprar energía con un horizonte de tres años en contratos ojalá de largo plazo y por grandes volúmenes para conseguir el precio más competitivo, pero en el último tiempo esto ha sido más difícil. En 2006 los contratos alcanzados estaban del orden de los US$ 60 MW/h, un precio perfectamente razonable, pero hoy estamos intentando comprar energía por US$ 130 MW/h y las licitaciones están quedando desiertas. Hoy incluso no estamos siendo capaces de comprar energía para nuestros clientes a más del doble de lo comprado hace seis años.
-¿Cuáles son los impactos inmediatos de esta situación?
-Afortunadamente para los clientes, dado este esquema de contratos sucesivos, se van generando ciertos colchones, la cuenta eléctrica que están pagando hoy tiene un componente de los contratos del 2006. Hay una proporción de la energía que fue contratada a precios razonables; sin embargo, los contratos que se fueron sucediendo han ido siendo cada vez más caros, por lo que tenemos un promedio de costo de los contratos que bordea los US$ 100 MW/h.
-¿Qué pasará cuando venzan los contratos de 2006?
-Si no existe una perspectiva para los generadores actuales o futuros de poder generar a precios razonables y ellos proyectan que no entrarán en operación nuevas centrales eficientes, provocando malas perspectivas para los próximo 10 o 14 años, nos seguirá pasando lo de ahora, que a US$ 130 MW/h no podremos comprar y los precios van a seguir creciendo.
-¿Esto se verá reflejado en la cuenta del usuario final?
-No hoy, mañana o en un año habrá un efecto directo en las tarifas, pero en un horizonte de tres o cuatro años, si no somos capaces de romper esta inercia, tendremos tarifas más altas para los clientes regulados.
"No estamos pudiendo incorporar nuevas energías"
-¿Cómo se rompe la inercia?
-El primer problema es que no tenemos todas las unidades eficientes de generación para poder reemplazar el diésel. No estamos pudiendo incorporar nuevas energías.
-¿Qué se puede hacer?
-Hay un tema común a todas las restricciones: la falta de transmisión. Hoy alguien que tiene un proyecto que no puede ubicarse en las cercanías del troncal de forma natural como ocurre con la energía térmica, especialmente a carbón, no cuenta con líneas de transmisión que le garantice que una vez construida la central podrá evacuar la energía a un precio a costos razonables.
Cuando sucede eso, muchos de los proyectos no se ejecutan. Hay iniciativas con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada por 15.000 MW, pero no se hacen principalmente por las dificultades en la transmisión.
"Hay un grave problema de ordenamiento territorial"
-¿Cómo analiza la judicialización de algunos proyectos de generación que ingresarían al SIC?
-Hay un grave problema de ordenamiento territorial en el país. Cuando escuchamos que ha existido una judicialización de los proyectos mi invitación es a explicarse el motivo del conflicto. Presentar una demanda es legítimo y mucho más que la Corte falle a favor de los demandantes. Todo es parte del estado derecho en el país y su institucionalidad.
-¿Cuáles son los motivos?
-Si se analizan los casos en donde se ha pronunciado la Corte Suprema, en la gran mayoría de ellos se trata de problemas de ordenamiento territorial. Puede existir un territorio que al mismo tiempo haya sido declarado de interés turístico por alguna institución, agrario por otra organización y, eventualmente, declarado área protegida por otro organismo. La pregunta es cuál de esos estatus es el que rige y que tiene carácter vinculante.