Tal como estaba estipulado, Agrosuper hizo llegar a las autoridades del ministerio de Salud el plan que seguirán para cumplir con el cierre que se decretó de la planta de Huasco.

De acuerdo a lo informado por radio Cooperativa, en el documento, la empresa habría solicitado ampliar el plazo de cierre, lo que coincide con declaraciones que el fin de semana dio el gerente general de la compañía, José Guzmán, quien aseguró que ellos necesitaban nueve meses para terminar el proceso. El gobierno le había dado seis meses.

Con el documento en mano, hoy las autoridades optaron por analizar la propuesta y no referirse al detalle hasta no definir si dan luz verde al plan presentado por la empresa de Gonzalo Vial. "Estamos a la espera de definir una respuesta a ese plan, con observaciones. Porque no está acotado a lo que dice la resolución, en la que se establece la salida de todos los animales en un plazo de seis meses. Prepararemos la respuesta para exigir el cumplimiento de la resolución", aseguró la seremi de Salud de Atacama, Lilian Sandoval.

La autoridad agregó que estaban analizando "con lupa" el documento y que los cerdos que se trasladen desde la planta Agrosuper en Freirina irán directo a su faenamiento. Además agregó que "el traslado de los animales y la mantención de la planta corre por cuenta de la empresa. Lo que invertiremos, como Estado, tiene que ver con aquellas medidas adicionales: Por ejemplo, la contratación de un especialista, las tomas de muestras".

Lo que no tiene plazo, es la posible reapertura de la planta. Según ha dicho la autoridad sanitaria, todo dependerá de si Agrosuper logra resolver todas las deficiencias que se encontraron en el proceso de diagnóstico que se realizó la semana pasada y logra eliminar los malos olores que desde hace meses afectan a los vecinos de las instalaciones.

Revisión de permiso ambiental

En paralelo a este proceso corre la revisión de la calificación ambiental que se le dio al proyecto de Agrosuper para iniciar su construcción y funcionar a fines de 2005.

La medida, que se decretó a principios de mayo, se sustenta en que los malos olores no fueron objeto del estudio que derivó en el permiso que se entregó inicialmente, porque Agrosuper aseguró que no los habría.