La acción judicial contra de Pablo Alcalde, Julián Moreno, María Isabel Farah, Nicolás Ramírez y Jaime Ripoll es por "declaraciones maliciosamente incompletas o falsas".
Los abogados de Alcalde y Moreno exponían, al cierre de esta edición, ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.
Foto CESAR SILVA
La acción judicial interpuesta por el Servicio -que firmó el subdirector jurídico (s) Lucio Martínez- es en contra de Pablo Alcalde , en su calidad de representante legal de la sociedad Inversiones SCG S.A, hasta que se destapó el caso; Julián Moreno , ex gerente corporativo de Productos Financieros; María Isabel Farah , ex gerente corporativo de Administración; Nicolás Ramírez , ex gerente general y Jaime Ripoll , en su calidad de contador general de la sociedad de inversiones.
El delito que se persigue es por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores del delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97, Número 4, inciso 1° del Código Tributario.
En específico este artículo persigue "las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto".
Este artículo establece una multa del 50% al 300% del valor del tributo eludido y una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo; es decir, entre 541 días y 3 años y un día.
Según explicaron fuentes relacionados al proceso, esta acción judicial por declaraciones de impuestos "maliciosamente falsas" permite al SII hacerse parte del caso y acceder a todos los antecedentes que ha recabado el Ministerio Público y, con ello, "establecer con claridad el monto de los impuestos defraudados".
Piden revocación de prisión preventiva
Mientras, al cierre de esta edición, los abogados de Pablo Alcalde y Julián Moreno exponían ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago sus argumentos para solicitar la revocación de la prisión preventiva decretada contra ambos el 14 de diciembre del año pasado.
La jornada la inició el representante de Alcalde, Jorge Bofill, quien descartó la existencia de una multiplicidad de delitos, argumento que había sido acogido por la jueza que decretó la prisión preventiva.
En ese contexto, hizo valer que la SVS descartó la existencia de uso de información privilegiada. Dijo que Alcalde nunca se benefició del movimiento de las acciones de la compañía y que no intervino en ninguna operación de venta de acción entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2010.
La defensa de Moreno, ejercida por Miguel Chávez, argumentaba que no existe necesidad de cautela para su cliente y que ninguna Fecu fue elaborada o entregada por este ex gerente.
