Todos los días llegan más querellas al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, al punto que los jueces a cargo de la causa debieron coordinarse por el exceso de trabajo ante la ola de acciones legales interpuestas principalmente por accionistas minoritarios.
A la fecha, ya son 42 las querellas que se han interpuesto contra esta multitienda, en su gran mayoría lanzadas por pequeños accionistas que fueron testigos de cómo el precio de sus papeles cayó desde los más de $2.336 que valía el 8 de junio a los apenas $599 en los que se transaban hoy al cierre de esta edición. Todo, luego que la multitienda reconociera que debió sobre provisionar su cartera en unos US$900 millones.
Dependiendo del querellante, los delitos imputados van desde la falsificación o uso malicioso de documentos privados, hasta la acusación de figura de asociaciones ilícitas e infracciones a la Ley General de Bancos.
Desde el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, indican que todos los días llegan más querellas y que, de hecho, los jueces a cargo de proveer las causas debieron coordinarse por el exceso de trabajo que esto significó. Una vez vistas, las causas son derivadas a la Fiscalía Regional Centro Norte, donde se abrió una investigación de oficio en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, a cargo de los fiscales José Morales y Luis Inostroza.
La queja de los minoritarios
Gran parte de las más de 42 querellas recibidas por ese tribunal provienen de pequeños accionistas, que en un porcentaje importante son asesorados por el abogado Luis Villarroel.
Es el caso de Fernando Cisternas, pensionado, dueño de 486 acciones, de Marcelo Espinoza, ingeniero comercial titular de 27 mil acciones, o de Angélica Méndez, dueña de 751 acciones.
En sus respectivas querellas, ellos acusan que "en el transcurso de los últimos acontecimientos me impongo con gran sorpresa y pavor que se trataba de una situación que se venía gestando y practicando, a lo menos hace 5 años, sin que ninguno de los controles internos y externos que la ley obliga a que estas instituciones se sometan se hayan cumplido debidamente".
Aseguran que "el hecho más gravoso lo constituye la deliberada adulteración de los estados financieros de la empresa con el objeto de presentarla al mercado y a los inversionistas como una compañía sana, estable, exitosa y con proyección, confiando en los informes de los auditores externos que daban cuenta de la situación patrimonial de la empresa, la cual evidentemente resultó ser falsa".
Luego señalan que fue esta situación la que los llevó a comprar acciones de la empresa "las cuales hoy están desvalorizadas magramente, causándome un perjuicio patrimonial de proporciones".
Provida, Capital, Banchile y Moneda... los más grandes
Entre los institucionales, fue AFP Provida la que abrió el fuego contra La Polar. Lo siguió Capital, luego Banchile y ayer el fondo de inversiones Moneda.
Pero sin duda el más esperado es el que interpuso la misma empresa -asesorada por Davor Harasic- contra Pablo Alcalde, Nicolás Ramírez, María Isabel Farah y Julián Moreno.
En su acción legal, Provida señala que sus fondos tenían en 17 millones de acciones de La Polar que al 8 de junio tenían un valor de $2.336 por títulos. Hasta esa fecha, el valor total de las acciones alcanzaba a $40 mil millones. "Al día siguiente, 9 de junio de 2011, cuando se conoció la realidad de La Polar, el valor de su acción se redujo a $1.353, disminuyendo el valor total a $23 mil millones", dice la querella, presentada antes de que la acción cayera a los mínimos que se encuentra hoy.
La querella presentada por la actual administración de La Polar -que encabeza César Barros en la presidencia- pareciera ser la más nutrida de todas. En ella se persigue la responsabilidad del ex presidente Pablo Alcalde; del ex gerente general, Nicolás Ramírez; del ex gerente de productos financieros, Julián Moreno; y la ex gerente corporativo, María Isabel Farah. Dicha querella contendría la declaración de un testigo que daría cuenta del sistema a través del cual se llevaba adelante la repactación unilateral de los créditos, todo basado en un sistema automático de repactación.
SVS y Sernac, las otras aristas
Entre las otras aristas judiciales del caso, está la demanda colectiva que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó en el 1er juzgado civil de Santiago, el día 2 de junio de este año. En esta acción legal se acusa a La Polar de realizar repactaciones de deudas sin el consentimiento de los consumidores, estableciendo unilateralmente nuevas condiciones de pago. Esta demanda fue clave en que el caso estallara.
En tanto que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) también ha señalado que está investigando y que pronto presentará cargos contra los responsable.
