Provida también denunció ante las superintendencias de Valores y de Bancos a directores, ejecutivos y auditores externos de la multitienda. Entre bonos y acciones, las inversiones de los fondos previsionales en instrumentos de la multitienda podrían llegar a casi US$?500 millones.
La primera acción judicial realizada por una AFP en el escándalo financiero de La Polar tuvo lugar hoy luego que –en sesión extraordinaria– esa administradora de fondos previsionales decidió presentar una querella criminal por estafa contra quienes resulten responsables.
La ofensiva encabezada por el fiscal de esa administradora, Rodrigo Peña, abarca también otros delitos y va dirigida contra los autores, cómplices o encubridores de las irregularidades que llevaron a la compañía a anunciar provisiones adicionales por US$?400 millones —cifra que según fuentes cercanas al caso podría elevarse al doble—, despedir a altos ejecutivos de la cadena y llevaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a suspender las transacciones de sus acciones al menos hasta el viernes y a iniciar una profunda investigación del caso.
A través de una comunicado de prensa, AFP Provida sostuvo que, al igual que otros inversionistas institucionales e individuales, funda sus decisiones de inversión “en la información pública y oficial que las empresas emisoras de valores entregan a los organismos regulatorios y al mercado, confiando, naturalmente, en que se trata de información fidedigna que ha sido cotejada y auditada por entidades especializadas.
Denuncia a gerentes, ejecutivos y a Price Waterhouse Coopers
Debido a los graves hechos ocurridos en Empresas La Polar en estos últimos días, AFP Provida también ha presentado denuncias ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), contra directores, gerentes y ejecutivos principales de La Polar, y contra sus auditores externos”. En este último ámbito, se refiere a la firma Price Waterhouse Coopers (PwC), que en ese momento auditaba los estados de la multitienda.
Estas presentaciones ante la justicia ordinaria y los entes fiscalizadores, son paralelas “y no excluyen a las acciones civiles indemnizatorias que pudieren interponerse oportunamente para salvaguardar los legítimos intereses de nuestros afiliados”.
Las pérdidas para los fondos de pensiones han sido cuantiosas: poseedoras del 24% de la propiedad antes del estallido del caso, las AFP tenían invertidos $?139.384 millones que se redujeron hasta $?85.325 millones al momento de la suspensión. Eso quiere decir que si las AFP lograran vender hoy esos papeles, perderían $?54.059 millones sólo por la desvalorización de estos papeles.
Y eso no es todo. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, además del porcentaje accionario, las AFP también han sido activas compradores de sus bonos que también están congelados y sin posibilidades de ser transados.
Al 31 de enero, las administradoras mantenían US$?328 millones en bonos de la multitienda, siendo Provida la más expuesta (37%). Cuprum y Habitat cuentan con 32% y 26%, mientras Planvital sólo mantiene el 3%. Según instrucciones de la Superintendencia, esos papeles tienen que valorizarse en $0.