Acaba de terminar un informe encargado por la Presidenta para evaluar la movilidad en las áreas urbanas.
El lunes de esta semana, Germán Correa -Presidente de la comisión Asesora de Promovilidad Urbana- aún andaba a las carreras, finiquitando los últimos detalles en imprenta del informe cuya elaboración ocupó sus últimos 6 meses. Tiempo en que debió viajar por 19 ciudades del país, impulsando 22 diálogos ciudadanos que -dice- constituyen el aporte sustantivo de este trabajo realizado a petición de la Presidenta. El objetivo: abordar integralmente el transporte en las ciudades, que daña la calidad de vida de los chilenos.
"La versión que trascendió a la prensa del informe -afirma- es un borrador entregado para observaciones a los integrantes de la Comisión, a partir de cuyos comentarios introdujimos cambios en el texto final, que tiene 230 páginas y se resume en un diagnóstico emanado de encuentros realizados a lo largo Chile y más de 60 medidas de corto, mediano y largo plazo, concebidas con mirada de país, para resolver problemas detectados y jerarquizados por quienes los padecen".
-¿En qué plazo y a qué costo podremos percibir el alivio que estas medidas deben proporcionar?
-Plazos y costos se resuelven en un plan que las autoridades del sector elaborarán a partir de nuestro informe. Para graficar lo hecho: produjimos una caja de herramientas y una hoja de ruta. El Gobierno ordenará el uso de estas herramientas y jerarquizará prioridades en función de las metas que decida abordar.
-¿El horizonte de ese plan es la duración de este Gobierno?
-No. Hay medidas cuya puesta en marcha excede con largueza este período presidencial. Cuando el desplazamiento en las ciudades se hace problema ciudadano y de envergadura nacional, requiere de cambios culturales asociados a las políticas públicas. Tenemos que aprender a convivir de otro modo en la ciudad. Sin cambios de conducta significativos y sostenidos en el tiempo, no hay planes ni medidas que valgan.
-Se dice que vivimos "un clima de crispación" y el transporte es un componente de ese clima. ¿Su trabajo contribuirá a reducir esta tensión?
-Si tal clima existe, puedo suponer que este informe será recibido con beneplácito y halagos por quienes son favorables al Gobierno, y con rechazo y descalificación por sus detractores. Cuando esta Comisión recién fue designada y aún no nos reuníamos por primera vez, un medio de comunicación editorializó señalando que el trabajo de esta comisión sería "poco técnico" y "populista". Difícil abordar así una situación de suyo complicada.
-Muchos sostienen que poco nuevo se puede aportar a trabajos similares ya realizados antes.
-En lo personal, profesional y técnico, espero que sirva a quienes están gobernando. Entre nuestras propuestas hay acciones que pueden realizarse de inmediato y aliviarían situaciones que causan gran malestar a los ciudadanos en distintas ciudades. Tras un ejercicio como el realizado por esta Comisión, en breve plazo hay que generar resultados concretos. El Gobierno debe darse oxígeno a través de acciones simples y acertadas, para abordar con menor presión los grandes desafíos del sector.
En una conferencia dictada a inicios de este mes en la Universidad Católica de Valparaíso, Correa -ex ministro de Transportes en el gobierno de Aylwin- señaló que en los diálogos ciudadanos que impulsó como estrategia para elaborar un diagnóstico nacional, constató que: "Se evidencia en la gente una pérdida de credibilidad en la calidad de las decisiones de las autoridades, en la efectividad de su compromiso y su accionar. Eso es un costo democrático que debemos revertir".
Consultado por esta afirmación, agrega:
-Los ciudadanos tienen claro el diagnóstico y las soluciones posibles. No entienden que la autoridad no aborde ciertos problemas, o tome malas decisiones".
-Es decir, dudan de la competencia técnica de la autoridad para resolver este tema.
-Una opción es que las autoridades sean incompetentes. Otra, cuando uno investiga más, es que las autoridades, particularmente a nivel local, no tienen facultades para tomar ciertas decisiones o carecen de marcos regulatorios que permitan intervenir en diversas situaciones.
-Ud. señaló en la UCV que esa desconfianza implica un riesgo para la democracia.
-Tenemos serios problemas de gestión en el aparato público. La estructura del Estado actual está, de muchas formas, obsoleta en relación a los desafíos a que debe responder. Y al ciudadano empoderado que exige soluciones y no teme cuestionar o denunciar. Una autoridad pública hoy debe dar permanentemente cuenta de su gestión, lo cual me parece excelente y desafiante.
-La pregunta es si las autoridades públicas "dan el ancho" para estos desafíos.
-El tema no es de competencias individuales. Hay distorsiones y déficit de nuestro sistema político que establecen una situación complicada, ante este cambio cultural expresado en el ejercicio de la ciudadanía desde la exigencia de derechos. El binominal permite elegir entre quienes sobreviven sus mil cortapisas, aunque no necesariamente son los mejores para ocupar cargos de representación pública. En otro ámbito, la Constitución sacraliza el hecho de que el Estado, como responsable del bienestar colectivo, no puede asumir emprendimientos empresariales. Un ejemplo: cuando el Transantiago partió tan traumáticamente, el senador Frei dijo: "La solución es estatizar el sistema". No es viable considerar esa opción. La Constitución no lo permite.
Una de las conclusiones entregadas a la Presidenta en el informe de la Comisión que preside es la formulación de una ley marco de movilidad urbana.
"Una ley bien concebida -sostiene Correa- es un instrumento que establece principios y facultades, permitiendo a la autoridad plantearse y concretar objetivos que es necesario abordar sistémicamente en materia de movilidad urbana. El informe que entregamos es material para una ley en torno a este tema. La idea es que las autoridades de distintos niveles sean facultadas y se les dote de las competencias y mecanismos que les permitan actuar con eficacia sobre los problemas de la movilidad urbana a nivel nacional, regional y local. Como al Gobierno le corresponde la iniciativa legislativa, si acepta nuestra propuesta, encontrará en nuestro informe elementos básicos para legislar en torno al tema".
-Ud. ha dicho que, en ausencia de una política de planificación urbana, las inmobiliarias determinan a través de sus inversiones el crecimiento de cada ciudad. ¿Aborda ese tema el trabajo entregado a la Presidenta?
-En efecto, allí radica uno de los énfasis de nuestra propuesta, sobre todo mirando a lo que es necesario corregir a futuro. Los diagnósticos del Concejo Nacional de Desarrollo Urbano y la Comisión que presidí y culmina su función con la entrega de este informe, coinciden en que la planificación del desarrollo de las ciudades ha marchado por carriles independientes a la planificación de la movilidad urbana y el transporte público. En el desencuentro entre ambas surgió el conflicto que hoy nos ocupa. La segregación urbana es una característica de todas nuestras ciudades y de ella deriva la multiplicidad de viajes, o los viajes excesivamente largos, que afectan especialmente a los sectores de menos recursos del país.
