En aquellos casos que argumentan "razones humanitarias", se pide un informe al SML para cerciorarse de que la persona está en condiciones terminales.
Treinta y ocho solicitudes pidiendo que se conmuten condenas por exilio o simplemente se otorgue la libertad ha recibido la Presidenta Michelle Bachelet durante los primeros cinco meses de gobierno.
A diferencia de su primer mandato, esta vez Bachelet ha optado por no acoger ninguna de estas peticiones, y también resolvió rechazar otras 14 que heredó de la administración Piñera.
La actitud se debe -explica el ministro de Justicia, José Antonio Gómez- a que "hay una definición del Gobierno, en particular de la Presidenta, en relación a que los indultos que se otorguen tienen que ver con razones humanitarias. Y esto requiere de una constatación cierta de que la persona cumpla los requisitos".
"Parece ser muy duro de nuestra parte que si una persona está en estado terminal no se le otorgue el indulto, pero nos preocupa que si se le otorga, no vaya a afectar a terceros. Por eso, pedimos un informe para cerciorarnos de que esté en condiciones terminales, porque no se trata de que salga a la calle", agrega Gómez quien, en lo personal, es reacio conceder este tipo de absolución.
Actualmente es el ministro de Justicia -con la figura de firma delegada- quien emite los decretos de indulto, salvo en aquellos casos de cadena perpetua que son vistos por la Mandataria.
Desde marzo de 1990 a la fecha, son 1.593 personas (ver gráfico) las que han logrado la gracia presidencial en procedimientos que no estuvieron exentos de críticas.
A Patricio Aylwin se le reprochó haber incluido en este beneficio a subversivos cuyas condenas fueron conmutadas por destierro; a Eduardo Frei, por conceder la libertad a Angel Vargas Parga, condenado por internar 500 kilos de cocaína a través de Arica en 1989, y a Ricardo Lagos por favorecer en 2005 a Manuel Contreras Donaire, el suboficial (r) del Ejército, condenado como uno de los autores del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en febrero de 1982. El suyo fue un "indulto de conmutación de la pena" que le permitió terminar su condena en libertad, bajo la vigilancia del Patronato Local de Reos.
Durante su primer gobierno, Michelle Bachelet concedió 67 indultos. El primero de ellos lo otorgó el 21 de abril de 2006 a una mujer que cumplía dos condenas de 5 años y un día por tráfico de drogas. El argumento fue razones humanitarias, pues la solicitante presentaba un cáncer cervicouterino en etapa terminal que finalmente le causó la muerte.
Su sucesor, Sebastián Piñera, redujo más aún los beneficios y durante los cuatro años de mandato concedió sólo 15: el último, el 10 de marzo de este año, un día antes de abandonar el Palacio de La Moneda. También por razones humanitarias. El más criticado: la rebaja de condena que le dio a la pastora Gabriela Blas, que dejó abandonado a su hijo en el desierto.
Pero los mandatarios chilenos no son los únicos que han enfrentado problemas por esta materia. En 2001 y el último día de su mandato, el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, indultó al millonario Marc Rich (incriminado por evasión de impuestos, fraude y comercio petrolero ilegal en Irán). La polémica se desató cuando se descubrió que la ex mujer del magnate fue una importante contribuyente del Partido Demócrata, de la campaña de Hillary Clinton para senadora y del Fondo de la Biblioteca Presidencial de Clinton.
Uno de los casos que ha generado mayor movilización últimamente es el del comunero mapuche José Llanca Tori, condenado a 6 años de cárcel por robo con intimidación y quema de un vehículo.
Además de su familia, han pedido el indulto por razones humanitarias seis alcaldes de comunas de La Araucanía y el obispo de Temuco, monseñor Héctor Vargas. ¿El argumento? El crítico daño hepático que le generaron al comunero los 39 días en huelga de hambre.
"Este fue un caso que conversé con la Presidenta, quien revisó los antecedentes médicos y se determinó que no cumplía con los requisitos", señaló Gómez.
Explicó que una vez que llegan las solicitudes "pedimos informes a médicos del Servicio Médico Legal para ver si la persona está en situación terminal, con peligro real de vida. Esos informes no son obligatorios, pero importantes para tomar decisiones. Hasta ahora los casos que nos han llegado no ameritan entregar el indulto".
-¿Han pensado restringir la facultad o derogarla?
-No hay una decisión tomada en relación a aquello. Lo que sí hay es una decisión de que todas las peticiones son revisadas en profundidad y si no ameritan razones humanitarias, no se otorgan. Hasta ahora, no se han considerado otras razones, como rebaja de condenas o indulto total.
En 2005, tras conocerse el indulto que recibió Manuel Contreras Donaire, los entonces diputados Antonio Leal, Enrique Accorsi y Juan Bustos presentaron un proyecto para modificar la ley general sobre indultos particulares, con la idea de que no pudieran ser beneficiarios aquellos declarados culpables de delitos de lesa humanidad.
Dos años después, otro grupo parlamentario quiso ir más lejos y propuso derogar la norma. Su argumento fue que el cometido de un Presidente no es administrar justicia, por lo que "convertirse en última instancia de resolución de un caso judicial, nos parece francamente una institución anacrónica que debe, por respeto a la democracia, ser derogada".
El proyecto pasó a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, pero al tiempo se archivó.
En julio de 2010 el diputado Tucapel Jiménez solicitó el desarchivo pero finalmente su estudio nunca prosperó.
