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Biodiversidad en compás de espera

Chile está en deuda en materia de protección de sus ecosistemas. Mientras el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas y el Sistema Nacional de Areas Protegidas se encuentra en primer trámite constitucional, los expertos alertan sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar que continúe la pérdida del capital natural del país.

por:  Carolina Miranda.
martes, 02 de diciembre de 2014
Biodiversidad

Biodiversidad


Las cifras son claras. En las últimas cuatro décadas, la biodiversidad mundial o variedad de ecosiste¬mas sobre la Tierra ha sufrido un retroceso importante: 52% según el informe bianual Planeta Vivo 2014, rea¬lizado por World Wildlife Fund for Nature (WWF).

El estudio, que utiliza el Indice Planeta Vivo (IPV), metodología que mide más de 10.000 poblaciones representativas de la biodiversidad en el mundo, da cuenta de que la mayor disminución de ella se da en los trópicos, donde el IPV muestra una reducción de 56% en 3.811 poblaciones, mientras que en las zonas templadas, la caída llegó a 32% en 6.569 grupos analizados.

La mayor declinación de vida silvestre, sin embargo, está en Latinoamérica, donde el 83% de las poblaciones han desaparecido, debido principalmente a la intensa presión sobre las especies tropicales.
Todas estas cifras, señala Marco Lamber¬tini, director general de WWF Internacional, dan cuenta de que en menos de dos genera¬ciones humanas el tamaño de las poblaciones de animales vertebrados se ha reducido a la mitad. El problema es alarmante, pues afecta a formas de vida que constituyen el tejido de los ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra. “Estamos ignorando esta disminución, comprometiendo nuestro futuro”, advierte el titular de la organización ambientalista.

Chile no es ajeno a este fenómeno global. Según el mismo informe –que considera la huella ecológica y las hectáreas de impacto de dicha huella, denominadas “hectáreas globales (hg)”–, la situación nacional es estable, ya que la huella ecológica fue de 2,86 hectáreas globales (hg) por persona, una leve mejoría respecto de 2012.

A pesar de ello, en el ranking de países con mayor huella ecológica Chile cayó seis lugares a nivel mundial, del puesto 50 al 56, y tres en el contexto latinoamericano –hoy ocupa el sexto–, ubicándose bajo Uruguay, Paraguay, México, Venezuela y Brasil. Este descenso, sin embargo, respondería más bien, señala Rodrigo Catalán, director de Conservación de WWF Chile, a “cambios que han ocurrido en los otros países” que les habría permitido subir en el listado.

Con todo, otros estudios son menos auspiciosos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por ejemplo, en su Lista Roja de especies en peligro reveló que hoy existen 1.384 especies nativas de Chile, 740 más que en 2011. Del total de especies clasificadas, 180 están “en peligro”, 85 más que las que había hace tres años.

El 5° Informe Nacional de Biodiversidad de Chile, elaborado para la Convención de Diversidad Biológica, aporta más elementos sobre la realidad local, ya que identifica que la pérdida de bosque nativo ocurrida en la zona central ha sido significativa, llegándose a reportar tasas de pérdida de entre 3,5% y 4,5% al año.

Entre 2002 y 2012, además, se han detectado ecosistemas que han perdido alrededor del 26% de su superficie. Estos se ubican en la zona costera de las regiones del Maule y del Biobío. Otros 11 ecosistemas de la zona central también han evidenciado pérdidas de entre 10% y 20%.

Flancos abiertos

Saber con exactitud cuánta de la bio¬diversidad biológica se ha perdido o está amenazada actualmente no resulta fácil. Así lo reconoce Leonardo Fernández, investi¬gador de la Universidad de Concepción y de la Université de Neuchâtel, Suiza, quien además es director del Boletín de Biodiversidad de Chile. El experto explica que “solo conocemos adecuadamente una fracción pequeña de nuestra biodiversidad y de su estado de conservación”.

En efecto, la mayor información que existe se relaciona con vertebrados y formaciones vegetacionales. Sobre estas últimas, algunas investigaciones sugieren que en poco más de 100 años se ha perdido cerca del 40% del bosque nativo en Chile central y austral.

“El bosque remanente se encuentra en su mayoría fragmentado y el suelo que antes los alojaba ha sido reemplazado por suelos desnudos y erosionados. Por otra parte, se han extinguido varios representantes de la biota chilena”, indica. A modo de ejemplo menciona dos arbustos endémicos de la Región de Coquimbo que no han sido registrados en más de 50 años y la extin¬ción del zarapito boreal –ave migratoria del hemisferio norte que invernaba en las pampas patagónicas– y del tuco-tuco de Isla Riesco (roedor fosorial que habitaba las praderas de esta isla). Su análisis incluso alerta que el 20% del componente biótico endémico está en vía de extinguirse en algunas regiones del país.

Para el investigador, estos números podrían incrementarse si se incluye a aquellos organismos menos conocidos de los que poco se sabe, tales como los inver¬tebrados terrestres y acuáticos (artrópodos y microorganismos).

Una visión crítica también es la de Mary Kalin, directora del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Chile, quien asevera que “en Chile aún no existen programas de monitoreo de largo plazo de la biodiversidad, con mediciones periódicas”. Otra falencia importante, dice, es la ausencia de bases de datos online de libre acceso de todos los registros históricamente acumulados de biodiversidad del país que se encuentran en instituciones científicas.

Esta medida, señala la experta, es “esen¬cial”, porque permitiría conocer datos clave para la realización de estudios sobre el efecto del cambio climático en la biodiversidad, determinar vacíos de exploración, monitorear la biodiversidad a largo plazo y alimentar los estudios de impacto ambiental.

Cambios por ley

Tal y como están las cosas, la situación de Chile es frágil. Los especialistas apun¬tan a que una debilidad del cuidado de la diversidad biológica es la subrepresenta¬ción de territorios, pues de las cerca de 30 millones de hectáreas bajo resguardo, la mayoría se concentra en la zona sur-austral. La distribución por ecosistema tampoco es homogénea, pues más del 80% corresponde a ecosistemas terrestres, 14 a ambientes costeros, costeros-marinos, intermareales y marinos, y 5% a humedales.

Aun cuando el 20% del territorio está bajo protección ambiental, un factor crítico sería la disponibilidad de recursos para este fin: cerca de US$ 1 por hectárea conservada en circunstancias que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) definió en 2013 que el piso que el país debiera gastar en conservación y biodiversidad es de US$ 55,4 millones al año.

Claudio Cunazza, gerente (s) de Areas Silvestres Protegidas de la Corporación Nacional Forestal  (Conaf), organismo encargado hasta ahora de la administración y fiscalización en las áreas protegidas, defiende el “uso eficiente” que de esos recursos ha realizado la entidad, lo que quedaría demostrado en el elevado nivel de desempeño que presenta el país en el concierto regional, como también en el alza que han tenido las visitas a los territorios incluidos en el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que superó en 2013 los dos millones cuatrocientos mil visitantes.

La necesidad de fortalecer el cuidado de los ecosistemas, y en el marco de los compromisos internacionales asumidos, es la base del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas y el Sistema
Nacional de Areas Protegidas, instancia pública especializada que lleva varios años sin ver la luz y que cumplirá un rol clave, al articular el trabajo de administración, control y fiscalización orientado a preservar
la diversidad biológica local.

La creación de este nuevo servicio viene a completar la institucionalidad ambiental del país, compuesta por el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales, pero además acoge la recomendación que hizo la OCDE al país en 2005 en su Evaluación de Desempeño Ambiental, cuando advirtió la necesidad de contar con “una entidad dedicada a la protección de la naturaleza constituida al amparo de una ley de protección de la naturaleza completa y única”.

La autoridad ingresó a mediados de este año un nuevo proyecto al Congreso, donde se encuentra en primer trámite y está siendo analizado por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. La iniciativa incorpora temas como la protección de la diversidad biológica tanto en las áreas protegidas por el Estado como por privados, y traspasa la administración de parques nacionales, reservas nacionales y  monumentos naturales al Servicio de Biodiversidad y Areas Potegidas, dejando a Conaf las atribuciones respecto de las reservas forestales.

En la práctica, las autoridades esperan mostrar avances sustantivos en 2015, cuando el organismo  internacional realizará una nueva revisión del tema ambiental en el país, momento en que es crucial para el
gobierno tener la norma aprobada.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente señalan que se ha realizado un trabajo “serio” que ha contado con la participación de especialistas, ONGs y de representantes de centros de estudios. Tras una labor de
socialización de la inicitiva, en el ministerio agregan que “nos parece posible presentar avances efectivos en esa materia a la comisión evaluadora de los compromisos OCDE”.

CUESTIONAMIENTOS

Si bien los expertos valoran el proyecto de ley, también presentan reparos. Mary Kalin considera que pone mucho énfasis en las áreas protegidas, pero poco en la biodiversidad fuera de ellas, “y se requieren acciones para fomentar su protección razonablemente en todo el país”. En esta línea, destaca que los privados están empezando a colaborar con la conservación de la biodiversidad en Chile, pero que la ley no ofrece incentivos para ello.

En efecto, según el catastro 2013 que aparece en el Informe “Areas Bajo Protección Privada: Mirando al Futuro” de la UICN, en el país hay 308 iniciativas de protección privada, equivalentes al 10% de territorio protegido adicional al que está a cargo del Estado.

Leonardo Fernández va más allá y afirma que la iniciativa es “insuficiente” para frenar la amenaza a algunos ecosistemas y recuperar la biodiversidad perdida en el país. El investigador cuestiona que el proyecto delegue la responsabilidad de incorporar y proteger ecosistemas marginados del sistema en privados, a través de las áreas protegidas privadas (APP), pues “muy pocas de ellas podrían cumplir en el largo plazo los requisitos para considerar un ecosistema como protegido: la perpetuidad de sus objetivos de preservación y un tamaño mínimo que posibilite la auto sustentación de sus procesos”.

A pesar de los cuestionamientos, coinciden en que no definir cursos de acción adecuados en el corto plazo tendrá consecuencias irreparables para el país.

Kalin, por ejemplo, considera que si no se toman cartas en el asunto pronto, se perdería un importante capital natural del país, al que considera irrecuperable.

“También afectaría fuerte la imagen país en cuanto al turismo y tendría efectos negativos en cuanto a la  cantidad de agua disponible para la agricultura y silvicultura”, alerta.

Leonardo Fernández, a su turno, indica que hoy la biodiversidad se enfrenta a los peligros del denominado “cuarteto malvado” conformado por la sobreexplotación y el comercio ilegal de especies amenazadas, la destrucción de hábitat y su fragmentación, las invasiones biológicas por especies introducidas y las cadenas de extinciones.

“El resultado es la pérdida de especies a tasas tan altas que está superando con creces la tasa de descripción de nuevas especies, particularmente de invertebrados. En efecto, muchos de estos organismos están desapareciendo sin siquiera haber sido registrados”, explica.

MEDIDAS EN MARCHA

En paralelo a la tramitación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad, desde el gobierno se impulsa una batería de medidas para contribuir a reducir la pérdida de diversidad biológica en el mundo. Entre ellas están:

l.- Actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, donde se considera el desarrollo de un portafolio de 338 sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad.

2.- El desarrollo de Iniciativas de Conservación Privadas (ICP), identificándose 242 iniciativas en la actualidad, equivalentes a 1.248.890 hectáreas.

3.- Elaboración del Catastro Nacional de Humedales de Chile, que se traducirá en un Inventario Nacional de Humedales y en una Plataforma Nacional de Humedales.

4.- Creación del Comité Nacional de Areas Protegidas, para avanzar en la gestión de estas áreas y el diseño e implementación de un Registro Nacional de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios para la Conservación a través de la plataforma web institucional.

5.- En el ámbito de protección de especies, se adaptaron las categorías de conservación utilizadas en Chile según la terminología que aplica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

6.- Reglamento para la formulación de Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de especies silvestres.

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