Ciencia/Tecnología
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¿Qué implica la neutralidad de internet?

por:  La Segunda Online
miércoles, 11 de junio de 2014

Eduardo Arriagada
Profesor
Facultad de Comunicaciones UC
www.blogsuc.cl
@earriagada

La semana pasada varios medios de Estados Unidos polemizaron en torno a una nueva aplicación de Ley de neutralidad de Chile que limitó las promociones que podían realizar las empresas de telefónía móvil.

El interés en Chile se debe a que fuimos el primer país del mundo que convirtió en ley la neutralidad en junio del 2010. El sitio Quartz de la revista The Atlantic, al que no le gustó nada la prohibición del regulador chileno, tituló: “A la neutralidad de la red le salió el tiro por la culata: Chile mata el acceso gratis a Wikipedia y a Facebook".

¿De que se trata esa neutralidad?

En pocas palabras es garantizar que los distribuidores de tráfico de Internet, como las empresas de cable y de teléfonos que nos llevan el internet, traten de igual forma a todos los paquetes de datos que pasan por la red. Es decir, que no se discrimine la velocidad del tráfico de unos en favor de determinados productos.

El tema no es poca cosa, porque esas compañías que manejan el tráfico también venden otros servicios que pueden competir con los de Internet.

Por ejemplo, la empresa de datos por donde podremos ver una película de Netflix (Movistar, Claro u otra) ofrecen un servicio de televisión por cable, por lo que al sentirse amenazados podría tener la tentación de bajar la velocidad de Internet con la que sus usuarios reciben Netflix.

En principio, salvo estas empresas distribuidoras que pueden considerar que la neutralidad les impedirá cobrar precios extras por mayores velocidades relativas, a nadie debería afectarle la ley de neutralidad.

Pero la prohibición chilena abrió otra arista de la aplicación de la neutralidad.

Es lo que explica que los dos anteriores subsecretarios de telecomunicaciones de los anteriores gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, ambos promotores de la ley de neutralidad, hayan estado en nuestros medios criticando la nueva reglamentación por entenderla como una aplicación sin matices que hará todavía más lento el ingreso a la banda ancha móvil de los sectores menos pudientes.

Proyectos como Wikipedia Zero o Econet en Zimbabwe, que entregan acceso a 52 sitios sin coste, son parte de los emprendimientos internacionales educativos y de salud que no se podrían realizar sin asumir algún tipo de discriminación positiva.

En Paraguay, Internet.org ha establecido acuerdos con empresas telefónicas locales para entregar servicios como WhatsApp o Facebook sin coste para los usuarios de teléfonos de prepago, incluso cuando los clientes ya no tienen saldo en su plan.

Todo esto no se permitiría en Chile bajo las ideas que se han dado a conocer de una aplicación estricta de la neutralidad.

Las principales promociones que las telefónicas hoy usan tienen como objetivo animar a los usuarios a sumarse al contrato de banda ancha al entregarles gratis, por ejemplo, el uso libre de una red social. Están los servicios llamados de Zero-rating que entregan un servicio de datos sin descontar la cuota de navegación contratada. Hay otros casos donde lo que se da gratis es un servicio de música o video, como las promociones en torno a Spotify.

Las campañas ahora prohibidas en Chile habían conseguido que en solo tres meses los usuarios de prepagago de las empresas que lo ofrecieron aumentaran de un 20% a un 50% en su uso de banda ancha móvil.

Una sola de estas empresas chilenas consiguió que un millón de chilenos de bajos ingresos perdiera el miedo al uso móvil de datos, lo que es especialmente importante cuando la mitad de esos usuarios hasta ahora no tenían siquiera internet en sus hogares.

Por ahora me compro los argumentos de uno de los polemistas de esta discusión, Dean Bubley, quien, desde Twitter y en su blog "Disruptive Analysis", afirma que aunque es fundamental que los reguladores revisen caso a caso las violaciones a la neutralidad, esta debe aplicarse con matices, y otorga poco sentido a prohibiciones totales como la que se piensa institucionalizar en Chile.

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